DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley se declara incompetente por la materia para conocer la presente causa en fase de mediación y declina su competencia en los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. La Juez Abg. Milagros Jiménez La Secretaria Abg. Norialy Romero "2006, AÑO BICENTENARIO DEL JURAMENTO DEL GENERALISIMO FRANCISCO DE MIRANDA Y DE LA PARTICIPACIÓN PROTAGONICA Y DEL PODER POPULAR"

al no cumplirse con los dos (2) requisitos concurrentes bajo los cuales se podría decretar la medida preventiva innominada o atípica, este Tribunal NIEGA el pedimento formulado por el apoderado judicial de la parte actora

Por los razonamientos antes expuestos este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: 1) IMPROCEDENTE la inspección judicial solicitada por los abogados CRISEIDA SALAZAR y JOSÉ JIMENEZ en su condición de apoderados judiciales del ciudadano MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO. 2) SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido el 27 de enero de 2006 por la abogada CRISEIDA SALAZAR VELÁSQUEZ en su carácter de co-apoderada judicial de la parte actora, contra el auto dictado el 19 de enero de 2006 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que negó la inspección judicial requerida por la representación judicial del ciudadano MIGUEL GONZÁLEZ CASTRO. Queda CONFIRMADO el auto apelado. No hay especial condenatoria en las costas del recurso en virtud de que ninguna de las partes actuó en esta alzada. Publíquese, regíst.....

Con fundamento a las anteriores consideraciones de hecho y derecho este órgano jurisdiccional administrando Justicia el Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costa.

Con fundamento a las anteriores consideraciones de hecho y derecho este órgano jurisdiccional administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costa.

Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PERECIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso que, por Cobro de Bolívares (intimación) intentó la Empresa Consolidada de Energía y Lubricantes (Cenerlub), C.A, contra la empresa Ferretería y Materiales Eléctricos Femaelec, C.A.-

En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil y cumplidos como se encuentran los extremos legales contenidos en los artículos 264 y siguientes del mismo cuerpo legal; este Tribunal actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DA POR CONSUMADO el desistimiento anterior y, por consiguiente, se da por terminado el juicio, debiéndose considerar la presente providencia como Sentencia pasada en autoridad de Cosa Juzgada.

declara PERIMIDA LA INSTANCIA

declara PERIMIDA LA INSTANCIA

DECISIÓN Como consecuencia de los elementos de hecho y fundamentos de derecho precedentemente expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley NIEGA la solicitud cautelar planteada por la parte actora en el libelo de la demanda, y así se declara EL JUEZ, LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ