Este Tribunal DECRETA LA SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES entre los ciudadanos CARLOS RICARDO COVA CHIMARAS y JHOANNA LISSETT RODRIGUEZ ÑAÑEZ, venezolanos, mayores de edad titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V- 13.137.651 y V-13.426.310 respectivamente.

decreta la CONVERSIÓN en DIVORCIO de la solicitud de Separación de Cuerpos y Bienes, planteada por los ciudadanos Juan Carlos Blanco Méndez y Daniela Milena Aconcha Linares, debidamente asistidos por el abogado Manuel Marcano Narváez, a tenor de lo dispuesto en el 3° acápite del artículo 185 del Código Civil

DECISION Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara PERIMIDA LA INSTANCIA, de conformidad con lo previsto en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil.- No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo. Publíquese, regístrese, déjese copia y notifíquese a las partes.- Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del JUZGADO NOVENO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL METROPOLITANA DE CARACAS, en Caracas, a los cuatro (04) de abril de 2016.- AÑOS: 205º de la Independencia y 156º de la Federación.- LA JUEZ, DRA. MARITZA J. BETANCOURT MORALES EL SECRETARIO, .....

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Vigésimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, HOMOLOGA la partición amistosa en los términos y condiciones expuestas por los solicitantes, y de conformidad con lo establecido en los artículos 255, 256 y 788 del Código de Procedimiento Civil, la declara como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. De conformidad con lo previsto en los artículos 111 y 112 ibidem, se ordena expedir dos (2) copias certificadas de la solicitud y de la presente decisión, una vez consten en autos los fotóstatos requeridos para su elaboración. Publíquese, regístrese y déjese copia.- Dada, firmada y sellada en la sala de este Tribunal Vigésimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas cuatro (04) de abril de 2016. Año.....

Por lo que este Juzgado Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente proceso conforme a las normas citadas.- REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN EN EL COPIADOR DE SENTENCIA DE ESTE JUZGADO.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Caracas, cuatro (04) de abril de 2016. Años 205° y 156°.- LA JUEZ, Dra. MARITZA BETANCOURT.- EL SECRETARIO .....

DISPOSITIVO Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto la abogada Paulina Hernández Cardiel, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 73.201, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana CARMEN BEATRIZ MINDIOLA BORREGALES, titular de la cédula de identidad Nº 5.405.862, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- INADMISIBLE por haber operado la CADUCIDAD en el presente recurso contencioso administrativo funcionarial.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar interpuesta conjuntamente con querella funcionarial por el ciudadano RICARDO JOSÉ ROMERO VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 24.726.992, asistido por el abogado MILKO HERNÁNDEZ NARANJO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 157.124, en su condición de Defensor Público Cuarto (4º) con competencia en materia Administrativa, Contencioso Administrativa y Penal, para los Funcionarios y Funcionarias Policiales adscritos a la Unidad de Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, contra el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar interpuesta conjuntamente con querella funcionarial por el ciudadano RICARDO JOSÉ ROMERO VILLALOBOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 24.726.992, asistido por el abogado MILKO HERNÁNDEZ NARANJO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 157.124, en su condición de Defensor Público Cuarto (4º) con competencia en materia Administrativa, Contencioso Administrativa y Penal, para los Funcionarios y Funcionarias Policiales adscritos a la Unidad de Regional de la Defensa Pública del Área Metropolitana de Caracas, contra el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

Con lugar la Inhibición formulada por la Dra. ARELIS FALCÒN LIZARRAGA, en su condición de jueza a cargo del Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de la solicitud de inspección, presentada por el ciudadano JORGE CANELAS ORELLANA.

Ahora bien, este Juzgado vista las exposiciones de las partes, así como las facultades de los poderes que cursan en autos y que el acuerdo alcanzado cumple con las formalidades establecidas en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, concatenado con los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, 1.713 y 1.718 del Código Civil, y que no se vulneran derechos irrenunciables del demandante ni normas de orden público, le imparte su aprobación y lo homologa en los términos expuestos por las partes, dándole efecto de Cosa Juzgada, en el entendido que transcurridos cinco (5) días hábiles siguientes al de hoy, se procederá a ordenar el cierre informático y el archivo del expediente.