Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Juez dirimente Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA INHIBICIÓN de la Doctora SONIA ANGARITA, Juez integrante de esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, causa signada bajo el N° 2508, nomenclatura de esta Sala, seguida al ciudadano ORTEGA RAMIREZ LUIS EDUARDO, todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 86 ordinal 7° y 87 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Juez dirimente Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR LA INHIBICIÓN del Doctor LENIN FERNANDEZ DUARTE, Juez integrante de esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en la causa signada bajo el N° 2500, nomenclatura de esta Sala, seguida al ciudadano NAVAS CORREDOR NELSON DANIEL , todo ello de conformidad a lo establecido en los artículos 86 ordinal 7° y 87 del Código Orgánico Procesal Penal.

III D I S P O S I T I V A Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la Cuestión Previa contenida en el Ordinal 11° del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, propuesta por la representación judicial de la demandada SEGUROS PIRAMIDE C.A. SEGUNDO: SE REVOCA el Decreto Intimatorio dictado en fecha 20 de mayo de 2010. TERCERO: SE DECLARA LA INADMISIBILIDAD de la presente demanda que por COBRO DE BOLIVARES (INTIMACIÓN), intentara la sociedad mercantil ZTE DE VNEZUELA, C.A., en contra de la sociedad mercantil SEGUROS PIRAMIDE C.A., ampliamente identificados en el cuerpo de esta sentencia y se DECLARA EXTINGUIDA dicha demanda tal como lo dispone el artículo 356 del Código de Procedimiento Civil. De confo.....

Este TRIBUNAL SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, declara: Que EL PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer del presente asunto, por cuanto las partes de mutuo acuerdo se han sustraído de la jurisdicción de los tribunales ordinarios. Se DECLARA CON LUGAR la falta de Jurisdicción de éste Tribunal con respecto al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, extinguiéndose el proceso. En virtud de la declaratoria de falta de jurisdicción se ordena remitir los autos, a la Sala Político Administrativa a los fines de que la consulta obligatoria a que se refieren los artículos 59 y 62 del Código de Procedimiento Civil.

Con base a las razones antes expuestas y en virtud de que, en el presente caso, la parte actora no consignó copia de los recibos de pago de salarios, de los recibos de pagos de vacaciones y de bonos vacacionales, del fideicomiso o del aparte contable, de las declaraciones de impuesto sobre la renta, de las nóminas de pagos de los empleados, permiso de la Inspectoría del Trabajo respectiva, registro de horas extraordinarias y feriados, horario de trabajo y libro de ventas diarias, ni afirmó los datos que conozca acerca del contenido de los mismos, este Tribunal niega la admisión de la prueba de exhibición de este documento, dado que no reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 82 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con lo establecido en el artículo 75 ejusdem. Así se establece.-

este Tribunal le hace saber a la solicitante, que por decisión de fecha 22 de octubre de 2010, se negó la admisión de la solicitud de DECLARACION DE UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS, interpuesta por la ciudadana OTALINDA LUCIA IZARRA DE MORANTES, por lo que mal puede la parte interesada consignar los referidos documentos a una solicitud que fue declarada contraria a derecho y menos aún, el Tribunal pronunciarse sobre la admisión de una solicitud rechazada, sin que ello implique una violación flagrante de la cosa juzgada formal del fallo de fecha 22 de octubre de 2010, conforme lo dispuesto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Razón por la cual se niega lo peticionado en diligencia de fecha 28 de octubre de 2010. Así se establece.

Este JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, de conformidad con lo previsto en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, declara: PROCEDENTE la aclaratoria solicitada de la Sentencia de fecha 13 de Octubre de 2010 y SUBSANADO EL ERROR MATERIAL detectado en la cédula de identidad de la co-demandada MARIANA JOSE VELASQUEZ GUERRERO.

En razón de lo expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de apelación conforme al artículo 447 ordinal 5° del Código Orgánico Procesal Penal interpuesto por la Abogada Belquis Camacho de Rincón, en su carácter de Fiscal Quincuagésimo Cuarto del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, en contra de la decisión dictada en fecha 29 de Septiembre de 2010, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en función de Control del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual dictó decisión en la que entre otros aspectos procesales declaró extemporáneo el escrito presentado por la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, contentivo de la adhesión a la Acusación del Ministerio Público. Y así se declara.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Cuadragésima Octava (48°) Penal del Área Metropolitana de Caracas Abg. GLADYMAR PRADERES C., en su carácter de Defensora de los ciudadanos RUBEN DARIO QUINTERO RIVERO y ANIBAL GORRIN GONZALEZ, en contra de la decisión dictada en fecha 08 de octubre de 2010, en Audiencia Oral Para Oír a los Imputados llevada a cabo por ante el Juzgado Vigésimo (20°) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decretó la Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de los precitados ciudadanos de conformidad con lo establecido en los artículos 250 ordinales 1, 2 y 3, y 251 ordinal 2 y parágrafo 1° del Código O.....

en consecuencia, este Tribunal HOMOLOGA dicha transacción conforme al articulo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo y los artículos 10 y 11 de su Reglamento, procediendo como en sentencia pasada en autoridad de Cosa Juzgada. LA JUEZ SADY CARDONA MORENO LA SECRETARIA ANABELLA FERNANDES