la Sala 7 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos: Primero: Se declara COMPETENTE para conocer la Acción de Amparo Constitucional ejercida por los ciudadanos JOSE JESUS ALICANDU OPORTO y MARIA EUGENIA MANRIQUE OPORTO abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado Nros 88.794 y 107.643, respectivamente, actuando en su carácter de defensores del ciudadano PEREZ RODRIGUEZ ADRIAN ASDRUBAL, en contra del pronunciamiento emitido en fecha 22 de octubre de 2007, por el Juzgado Cuadragésimo Segundo en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, donde resolvió dos solicitudes de Nulidad efectuadas por los abogados accionantes, decretando que no acogía el primero de dichos pedimentos y declaró Sin Lugar el otro, así como contra una omisión de Pronunciamiento en el que incurrió el mismo Tribunal, fundamentando la ac.....

esta Sala Siete de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto en fecha 15 de octubre de 2007, por la ciudadana BEATRIZ J. MARQUEZ, Abogado en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado N° 22.774, en su carácter de defensora del ciudadano JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ, en contra de la sentencia dictada en fecha 14 de agosto de 2007, en el acto del juicio oral y publico, efectuado por la Dra. CARMEN AROCHA WALTER, Juez Décimo Tercero de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual Condenó al referido ciudadano a cumplir la pena de Seis (06) Meses de Prisión, por la comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PRIVADO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 323, en relación con el artículo 321 ambos del Código Penal y a las penas accesoria .....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, del presente recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados NESTOR LUIS ALVAREZ MARTÍNES y MIGUEL ÁNGEL DOMINGUEZ FRANCHI, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros 43.363 y 98.541, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Sociedad Mercantil Constructora Nacional de Válvulas C.A (CNV), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 5 de enero de 1970, bajo el Nº 36 del Tomo 100-A, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa emanada de la Inspectoría del Trabajo en el Municipio Guaicaipuro del Estado Miranda

Por las razones expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la demanda interpuesta por la ciudadana YOLEISE NOEMÍ LAPREA EMPERADOR, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 6.500.252, por intermedio de su apoderada judicial, abogada MIRTA EULALIA SEVER CABRERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 81.890, contra la FUNDACIÓN PARA EL TRANSPORTE POPULAR DEL ESTADO MIRANDA (FUNTRAPEM); y en consecuencia, por ser este el segundo Tribunal que declara su incompetencia, procede a solicitar de oficio la regulación de la competencia. Remítanse las presentes actuaciones a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que esta última conozca del conflicto surgido.

Vista la solicitud de rectificación de partida de matrimonio presentada por la ciudadana ALTAGRACIA PERAZA de AGUILAR, venezolana, casada, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad No.. V-2.082.741, asistida por la abogada MORELLA GARCIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 29.236, adscrita a la División de Asistencia Jurídica Gratuita de la Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio del Interior y Justicia, y los recaudos acompañados a la misma, el Tribunal la admite, cuanto ha lugar en derecho, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 770 ejusdem

SIN LUGAR la defensa de prescripción opuesta por la representación judicial de la parte demandada. SEGUNDO: SIN LUGAR la defensa de cosa juzgada opuesta por la representación judicial de la parte demandada. TERCERO: SIN LUGAR la demanda por Otorgamiento del Beneficio de la Jubilación e Indemnización por Daño Moral incoada por el ciudadano ANTONIO JOSÉ AGUILERA SALAZAR, contra LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano del MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS RENOVABLES (actualmente denominado MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS RENOVABLES), ambas partes identificadas al inicio de la presente sentencia. CUARTO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. QUINTO: Se ordena la notificación de la sentencia a la Procuraduría General de la República. Así se decide.

Parcialmente CON LUGAR LA APELACIÓN

Se procede a HOMOLOGAR el presente Convenio de Régimen de Visitas.-

"...administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley HOMOLOGA de conformidad con lo establecido en los artículos 170 literal "f" y 387 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, dicho convenimiento y le imparte su aprobación en todas y cada una de sus partes, en los mismos términos y condiciones expuesta por ellos..."

En este orden de ideas el Tribunal observa, que en el caso que se analiza no se cumplen los extremos concurrentes para la procedencia de la medida preventiva solicitada, pues si bien podría considerarse de la lectura de los anexos del libelo de la demanda la eventual existencia de una presunción grave del derecho que se reclama, no existe presunción grave de quedar ilusoria la ejecución del fallo. Al no verificarse la concurrencia de los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es deber del Juez negar el decreto de la providencia cautelar peticionada. Por las razones expuestas esta autoridad judicial niega la solicitud de medida preventiva y así expresamente se decide.- LA JUEZ, Abg. FLOR DE MARÍA BRICEÑO BAYONA.- LA SECRETARIA ACC., Abg. DAYANA DEL MAR PARODI PEÑA.- Patricia...