Se declaró Título Supletorio sobre unas bienechurias realizadas sobre una mayor extensión de terreno ubicada Calle Norte 22, entre las esquinas de Sanat Rosa y san Antonio, frente a la calle Oeste 13, Parroquia La Pastora, Municipio Libertador a favor de Congregacion de Hermanas Agustinas

Se declararon como únicos y universales herederos del de Cujus Cruz Capella Reveron a Berta Reveron de Capella

Al respecto, observa el Tribunal que el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente: "Suspensión Condicional de la Ejecución de la pena: Para que el tribunal de ejecución acuerde la suspensión condicional de la ejecución de la pena, deberá solicitar al Ministerio del Interior y Justicia, un informe psicosocial del penado, y se requerirá: ...2. Que la pena impuesta en la sentencia no exceda de cinco años..."; y en su último aparte, señala lo siguiente: "Si el penado hubiere sido condenado mediante la aplicación del procedimiento por admisión de los hechos, y la pena impuesta excediere de tres años, no podrá serle acordada la suspensión condicional de la ejecución de la Pena.".- Y vemos en este punto que la pena impuesta es de TRES (03) AÑOS DE PRISIÓN, asimismo en el presente caso procede el mencionado beneficio, previo a los requisitos contemplados en la Ley, y conforme a lo establecido en el artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal.....

Este JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS ( EN TRANSICIÓN), administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, de conformidad con lo estatuído en los artículos 12, 242, y 243, 660 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR LA OPOSICIÓN FUNDAMENTADA EN EL ORDINAL 5° DEL ARTÍCULO 663 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVI, planteada en el juicio que por EJECUCIÓN DE HIPOTECA solicitó BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A contra los ciudadanos BALMAR JESÚS BARRAEZ MORALES y RODOLFO ANTONIO BARRAEZ SÁNCHEZ, ambos identificados en la primera parte de ésta decisión. EN consecuencia se enerva el decreto intimatorio y se abre el juicio a pruebas bajo los trámites del juicio ordinario.

DISPOSITIVA En atención a lo antes expuesto, esta SALA 2 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE la acción de amparo incoada por el Abogado: ALEJANDRO JOSÉ SÁNCHEZ VOLCANES, DEFENSOR PÚBLICO NOVENO PENAL DE LA UNIDAD DE DEFENSA PÚBLICA PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, actuando en su carácter de defensor de los ciudadanos: CARLOS ENRIQUE MUÑOZ MEDINA y LUIS ANTONIO GUTIÉRREZ, por la presunta violación de los Derechos y Garantías Constitucionales consagrados en los artículos 26, 49 ordinales 1º y 3º y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, referidos al Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, Derecho a la Defensa, Debido a ser oído y Derecho de Petición, respectivamente, contra el JUZGADO VIGÉSIMO SEGUNDO DE PRIMER.....

DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Primera Instancia Sexto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA EXTINCIÓN DE LA PENA, impuesta a quien en vida respondiera al nombre de JHONNY ALI ACOSTA PALMA, titular de la cédula de identidad N° V-6.899.381, ello conforme a lo establecido en el artículo 103 del Código Penal.

Sobre la base de las anteriores consideraciones, éste TRIBUNAL CUARTO DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, dicta el siguiente pronunciamiento: ÚNICO NIEGA LA MEDIDA DE PRELIBERTAD DENOMINADA DESTINO A ESTABLECIMIENTO ABIERTO al penado GIL LUIS EDUARDO, titular de la cédula de identidad número V-11.562.182, por no cumplir con el requisito establecido en el artículo 500 numeral 3. del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con lo preceptuado en el artículo 65 de la nueva Ley de Régimen Penitenciario.

D I S P O S I T I V A Por los razonamientos anteriormente esgrimidos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Sala 8, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos: DECLARA CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por las ciudadanas Abgs. RUIZ PALENCIA SOR ELENA y DORA MAGARIÑOS, en su carácter de defensoras privadas del ciudadano EDGAR ANTONIO BLANCO URBINA. ANULA LA DECISIÓN QUE ACUERDA LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, dictada en fecha 18 de abril de 2007, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control N° 52 de este mismo Circuito Judicial Penal, a favor del ciudadano BLANCO URBINA EDGAR, establecidas en el artículo 92 ordinales 3°, 4°, 6° 7° y 8° de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ORDENA la celebración de nueva audiencia con prescindencia de los vicios aquí.....

Con fundamento en los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Accidental Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa del recurrente, en contra de la decisión dictada en fecha 13 de Febrero de 2007, por el JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, mediante la cual se “NIEGA, … la aplicación del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, al estimar esta Juzgadora que siguen conservando su vigor las circunstancias que motivaron el decreto de la medida de coerción personal decretada por el Juzgado Séptimo (07°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Área Metropolitana de Caracas; en fecha 21 de Diciembre del año 2004”. .....

"...declara inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensa, de conformidad con lo establecido en el artículo 437, literal c) del Código Orgánico Procesal Penal..."