este Tribunal Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley Homologa La Transacción efectuada en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES sigue ANDRES FONSECA NIETOS contra ROGER RAFAEL GONZALES MENESES, antes identificados en el encabezamiento de esta decisión, en los términos contenidos en la misma. Finalmente, la transacción realizada en los límites señalados, procede como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada de conformidad con lo previsto en el Artículo 255 del Código Civil Adjetivo. Con vista a la naturaleza de la presente decisión el Tribunal no hace especial condenatoria en costas.

Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le otorga la Ley, declara SIN LUGAR LA OPOSICIÓN efectuada por el abogado Humberto Giovanni Cuffaro, en su condición de apoderado judicial de la parte demandada. En consecuencia, se RATIFICA LA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO decretada por este Tribunal en fecha 16 de octubre de 2013. Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida en la presente incidencia.

Se declaró la INCOMPETENTE DEL TRIBUNAL EN RAZÓN DEL TERRITORIO.

Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en Sede Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ADMITE LA ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por la ciudadana ZULEIMA CANELAS VIUDA DE MURILLO, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en acatamiento al fallo dictado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 01-02-2000, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO y por mandato constitucional vinculante para todos los Tribunales de la República. En consecuencia notifíquese mediante boleta a la JUNTA DE CONDOMINIO DEL EDIFICIO TORRES DE SAN JOSÈ, así como a la ADMINISTRADORA ACTU.....

Se DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención.

este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.- De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión.

SE PROCEDIÓ A DISCERNIR EL CARGO DE CURADOR AD HOC, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 110 DEL CC.

SE PROCEDIÓ A DISCERNIR EL CARGO DE CURADOR AD HOC, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 110 DEL CC

Se DISCIERNE el cargo de CURADOR AD-HOC del niño, (Se omite el nombre de los Niños Niñas y Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes) , de nueve (09) años de edad; a la ciudadana, LUCINDA PEÑA BRICEÑO

Se DISCIERNE el cargo de CURADOR AD-HOC de los niños, (Se omite el nombre de los Niños Niñas y Adolescentes, de conformidad con lo establecido en el Artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños Niñas y Adolescentes) , de seis (06) y siete (07) años de edad, respectivamente