Este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: UNICO: DESISTIDA la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de fecha 12 de marzo de 2007, dictada por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; en consecuencia, SE CONFIRMA el fallo apelado.- No hay condenatoria en costas por el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.-

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella interpuesta por el ciudadano JOHAMNERS ALFREDO NUÑEZ DAVILA, mayor de edad, venezolano, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.337.970, asistido judicialmente por el abogado YOVANI NUÑEZ BRACHO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 14.867, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución Administrativa Nº 007, de fecha 30 de Junio de 2005, emanada de la JUNTA ADMINISTRADORA DE LA PROCURADURIA AGRARIA NACIONAL adscrita al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y TIERRAS, en la cual se decidió remover y retirar del cargo que venía desempeñando el querellante como Procurador Agrario Auxiliar, adscrito a la Procuraduría Agraria Nacional.

Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial incoado por la ciudadana BELKIS MORELIS RENGEL PEREZ, venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad Nº 4.020.053, debidamente representada por el Abogado RONALD GOLDING MONTEVERDE, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 57.225, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, por concepto de Diferencia de prestaciones sociales e intereses moratorios. En consecuencia: 1. Se ordena el pago de las diferencias sobre prestaciones sociales, calculadas a partir del 01 de mayo de 1975, para lo cual se ordena la designación de un experto contable, a los fines de que efectué los cálculos por dichas diferencias, tal como lo estipula el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, y con estricto apego a las disposicion.....

PRIMERO: HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO suscrito por la abogada CARMEN LIVIA FERNANDEZ, inscrita en el INPREABOGADO bajo el Nº 36.188, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, mediante diligencia de fecha diecisiete (17) de septiembre de 2007, de conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se da por terminado el presente juicio y se ordena el archivo del expediente.- SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en el artículo 266 eiusdem, el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes de que transcurran noventa (90) días.- TERCERO: Se ordena el desglose y la devolución de los documentos originales consignados en el presente expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 ibídem.- CUARTO: De conformidad con lo establecido en el artículo 282 del Código Adjetivo, se condena en costas a la parte demandante.-

El tribunal de conformidad con lo establecido en el referido artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes propiedad de la parte demandada

Este JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS, (EN TRANSICIÓN), Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, de conformidad con lo estatuído en los artículos 12, 242, 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1142, 1146 y 1157 del Código Civil, DECLARA: CON LUGAR las demandas incoadas por CORPORACION METALMEN C.A CONTRA ANDICURI INVESTMENTS A.V.V. , por simulación y nulidad de ventas, todos identificados en la primera parte de ésta decisión.

"...Acto seguido el Tribunal en cumplimiento de su misión declara EJECUTIVAMENTE EMBARGADO, el siguiente bien inmueble: Un apartamento destinado a vivienda, distinguido con el N°17, planta primera del Edificio denominado Torre 1, que forma parte del Conjunto Residencial TAGUANES, situado en la Urbanización Boleita, en jurisdicción del antes mencionado Leoncio Martínez hoy Municipio Sucre del Estado Miranda..."

"...Seguidamente el Tribunal vista la exposición de la notificada; a solicitud de los Apoderados Actores y en cumplimiento de su misión declara EJECUTIVAMENTE EMBARGADO, el saldo disponible que a la fecha presenta la cuenta corriente signada con el Nº. 1657-00625-5, perteneciente a AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA S.A., cuyo monto disponible que presenta la misma es de Doscientos Nueve Millones Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Cuarenta y Un Bolívares con Cuarenta Y Nueve Céntimos (Bs.209.868.941, 49) hasta cubrir el monto remanente del ordenado a embargar por el comitente, en virtud del Embargo Ejecutivo practicado en fecha 16-10-07..."

Por todo lo antes expuesto, este JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS (EN TRANSICIÓN), Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SE RATIFICA el contenido del auto dictado por este Despacho el 16 de octubre de 2006. SIN LUGAR la Perención solicitada por la representación judicial de la co-demandada BANCO LATINO, C.A. SE SUSPENDE LA PRESENTE CAUSA, hasta tanto la demandante solicite nuevamente la citación de los co-demandados de autos, como lo exige el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil. Por la naturaleza del presente fallo no hay especial condenatoria en costas.

OCTAVO DE LA REMISION Se ordena remitir las presentes actuaciones a la Oficina Distribuidora de Expedientes, a los fines de su distribución al Tribunal De Juicio respectivo, según lo previsto en el artículo 580 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Cúmplase.-