III DECISIÓN En mérito de lo anterior, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley: - HOMOLOGA el desistimiento del procedimiento efectuado mediante diligencia consignada el 09 de Diciembre de 2010 por el ciudadano Luís Alberto Brito García, parte querellante en la presenta causa, asistido por el abogado Antulio Moya Tovar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 21.562; - ORDENA el Archivo del expediente. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo, en Caracas a los Quince (15) días del mes de Diciembre de Dos Mil Diez (2010). El JUEZ JOSE VALENTIN TORRES LA SECRETARIA EGLYS FERNÁNDEZ En esta misma fecha 15-12-2010, siendo las Tres y Veinte (03:20) post-meridiem, se publicó y registró la anterior decisión.....

Visto el escrito recursivo presentado en fecha 10 de Diciembre de 2010, por ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Segundo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, contentivo del Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial, interpuesto por el ciudadano Valmore José García, titular de la cedula de identidad N° 10.879.640 debidamente asistido por la profesional del derecho Sonia Elena Hernández , inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el N° 113.938, contra la Policía Metropolitana adscrita al Ministerio del Poder Popular Para Las Relaciones Interiores y Justicia; se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por no estar incurso en las causales de inadmisibilidad contenidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia

Por la motivación que antecede este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, el presente recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por la ciudadana Francis Coromoto Jiménez Díaz titular de la cedula de identidad Nº 11.678.063, representada por los abogados José Raúl Villamizar y Ali Josefina Palacios García, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 17.226 y 53.813, respectivamente, contra los actos administrativos Nros 204 y 248 de fechas 08-07-2009 y 08-08-2009 respectivamente, dictados por la Presidenta de la Junta Liquidadora del Fondo de Crédito Industrial a través del cual le notifican a la querellante su remoción y retiro del cargo. Publíquese, regístrese y Comuníquese. Notifíquese a la Junta Liquidadora del Fondo de Crédito Industrial. Dada firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo, en Caraca.....

DECLARA suficientes las presentes actuaciones para acreditar como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del de cujus ANGEL GREGORIO NERI ORELLANO, quien en vida fuera titular de la cédula de identidad Nº V-11.678.343; a la cónyuge ciudadana YELITZA FRANCY GONZALEZ CAMPOS, y a sus hijas AURA GISELA NERI ROSA y la niña (X), la primera mayor de edad y la segunda de seis (06) años de edad, dejando a salvo los Derechos de Terceros, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil. Expídanse por secretaría las copias certificadas de todas las actuaciones que se requieran, y entréguense a la parte interesada, una vez consigne los fotostatos correspondientes. Cúmplase. EL JUEZ, LA SECRETARIA, ABG. JORGE GUSTAVO MIRABAL. ABG. KARLA SALAS.

DECLARA suficientes las presentes actuaciones para acreditar como ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del de cujus HECTOR RAMON TORRES, quien en vida fuera titular de la cédula de identidad Nº V-4.945.063; a la cónyuge ciudadana MARIA PASCUALA RUBIO DE TORRES, así como a sus hijos los ciudadanos MILLER ABIDNADAL TORRES RUBIO, HECTOR RAMON TORRES RUBIO, CARLOS MAXIMO TORRES RUBIO, HECDI MELEIDA TORRES DE GONZALEZ, EDGAR ALEXANDER TORRES PORTUGUEZ y JORDANA VANESSA TORRES RODRIGUEZ, WILLIAMS ALEXANDER TORRES RUBIO, y la adolescente (X), de 14 años de edad, dejando a salvo los Derechos de Terceros, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil. Expídanse por secretaría las copias certificadas de todas las actuaciones que se requieran, y entréguense a la parte interesada, una vez consigne los fotostatos correspondientes. Cúmplase. EL JUEZ, .....

DISPOSITIVA Por virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud de Divorcio formulada por los ciudadanos OLINDA DEL VALLE CARRASCO LEON y JOSE ALBERTO CARDENAS, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. 11.143.413 y 5.567.766.- SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior queda DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído por ambos en fecha 25 de octubre de 1983, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Sucre Departamento Libertador del Distrito Federal Hoy Distrito Capital, según acta anotada bajo el Nº 712, correspondiente al año 1983 TERCERO: Líbrense sendos oficios de participación a las autoridades correspondientes y anéxese copias certificadas de la presente decisión, conforme lo estable.....

este JUZGADO DUODÉCIMO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA PRESENTE INSTANCIA de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en la solicitud de Divorcio 185-A, interpuesta por los ciudadanos Zoraida Jaimes y Carlos Julio Suarez. De conformidad con lo previsto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay condenatoria en costa.

Por las razones que anteceden, esta Corte de Apelaciones de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en Reenvío en lo Penal, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el encabezamiento del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión expresa del artículo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, DECLARA ADMISIBLE el recurso de apelación de sentencia interpuesto en fecha 26 de noviembre de 2010, por los profesionales del derecho Abogados JOHAN MANUEL PUGA GONZÁLEZ, DORIS COROMOTO GONZÁLEZ Y ANDRÉS ALFREDO PUGA Z., con el carácter de Defensores Privados del acusado JOSÉ ANGEL ROMERO PADILLA, plenamente identificado en autos, contra la sentencia dictada en audiencia oral, la cual fue publicada en fecha 22 de noviembre de 2010, por el Juzgado Primero.....

PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado Carlos Daniel Linarez, actuando en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, Alcaldía del Municipio Pedro Gual del Estado Bolivariano de Miranda, contra la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 29 de septiembre de 2009, que declaró perimida la instancia.- SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia de fecha 29 de septiembre de 2009, dictada por el Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.- TERCERO: SE ORDENA la continuación de los trámites del presente procedimiento, relativo a la citación de la parte demandada. Publíquese, Regístrese y déjese copia certificada de conformidad con el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada