Por las razones anteriores, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le otorga la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE las defensas de desconocimiento de firma y tacha de falsedad del documento autenticado ante la Notaría Pública Octava del Municipio Autónomo Chacao, del Distrito Metropolitano de Caracas, en fecha 28 de octubre de 2008, bajo el Nº 31, Tomo 183 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría; SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por COBRO DE BOLÍVARES, interpuesta por el Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios (antes Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios "FOGADE") contra la empresa IMPORTADORA AUTOMOTRIZ SIBELES C.A.

Ahora bien, en virtud de las normas antes citada, y siendo que consta al folio ochenta y dos (82), el cómputo realizado por la Secretaria de este Despacho, en el cual se dejó constancia de los días de despacho transcurridos en este Juzgado, observándose del referido cómputo que desde el 28 de mayo de 2015, exclusive, fecha en que se produjo la citación de la parte demandada, hasta el 1° de julio del 2015, inclusive, transcurrieron los veinte (20) días de despacho fijados para la contestación de la demanda, y que una vez vencido el mismo, comenzó a computarse el lapso de cinco (5) días de despacho previsto el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil para la formalización de la tacha, el cual estuvo comprendido entre los días 02, 03, 06, 07 y 08 de julio del 2015, y siendo que de las referidas actas se desprende que fue el día 22 de julio de 2015 cuando la parte demandada presentó su escrito formalizando la tacha, con explanación de los motivos y exposición de los hechos circunstan.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la demanda propuesta por MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la sociedad mercantil CONSTRUCTORA PLANCO, C.A., como deudora principal y contra los ciudadanos URBANO DE FRANCISCO PALOMAR y MARIA ELENA LANZI de DE FRANCISCO, ambos en su carácter de fiadores solidarios, por COBRO DE BOLIVARES

por lo que DECLINA LA COMPETENCIA para conocer esta causa en estos Tribunales de Primera Instancia, se observa que la pretensión de la ciudadana accionante se circunscribe al establecimiento de la responsabilidad civil de la ciudadana demandada, y la consecuente indemnización por los daños y perjuicios tanto materiales como morales que se habrían causado, por lo cual, este Tribunal comparte el criterio expuesto en el fallo mencionado supra, dictado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, y en consecuencia ACEPTA la competencia para conocer este asunto. Provéase por auto separado sobre la admisión de la demanda propuesta.-

En el caso de marras se desprende que los terceros opositores alegan haber adquirido por documento público de fecha 10 de julio de 2015, el inmueble sobre cuyo 33% fue decretada la medida de prohibición a la cual se opone, y la parte demandante por escrito de fecha 22-09-2015, alega que esa negociación se produjo estando vigente la medida cautelar en referencia y solicita que si ello fuera así se decrete la nulidad de ese acto traslativo de propiedad, es tal sentido , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal acuerda abrir una articulación probatoria de ocho días contados a partir de la última notificación que de las partes se haga, para dilucidar la oposición a la medida cautelar propuesta por los terceros YULEIMA DEL CARMEN DIAZ ACOSTA y JOSE LUIS IGLESIAS VARELA, que será resuelta al noveno día. Líbrense boletas de notificación.

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al considerar que no fue de ninguna manera evidenciada la existencia de las causales contenidas en los numerales 2º y 3º del artículo 185 del Código Civil vigente, siendo por tanto insuficientes las pruebas aportadas al proceso para considerar la procedencia de esta demanda de divorcio, es por lo que, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la demanda que por DIVORCIO incoara la ciudadana DAMARY MARGARITA RODRÍGUEZ CARDELLICHO contra el ciudadano EDWARD FANI LÓPEZ, fundamentada en las causales segunda (2º) y tercera (3°) del artículo 185 del Código Civil. Dada la especial naturaleza de la acción deducida, cuyo carácter no patrimonial es indudable, no hay condenatoria en costas.