Este Juzgado en resguardo al derecho a la defensa y el debido proceso, ambos principios consagrados en nuestra Carta Magna, deja sin efecto la designación como defensora judicial de la profesional del derecho Alejandra Báez, en cuanto se refiere a los herederos desconocidos del de cujus Rafael D´Agostino, quedando vigente su nombramiento para la defensa de la parte demandada ciudadano Raúl Torrealba Ramos. Se designa nuevo defensor judicial a los herederos desconocidos del de cujus Raúl Torrealba Ramos, recayendo tal designación en la persona de la ciudadana Norka Cobis Ramírez, , quien deberá comparecer por ante este Tribunal al Segundo (2do) día de despacho siguiente a la constancia en auto de su notificación a fin de aceptar o no el cargo recaído en su persona y en el primero de los casos prestar el juramento de ley. Se reanudara la causa una vez notificada y aceptado el cargo por parte de la defensora, dicha etapa será la de contestación de la demanda.

Se Decretar Medida de Embargo Ejecutivo, sobre bienes de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de Bs.F. 56.177.823,48, que incluye el doble de la cantidad demandada, más las costas calculadas por este Tribunal en un por diez (10%); con la advertencia que si la referida medida recayera sobre cantidades líquidas de dinero, la misma será por la cantidad de Bs.F. 36.215.609,45 cantidad esta que incluye la cantidad demandada y las costas calculadas por este juzgado, en un diez por ciento (10%) de la suma demandada; A los fines de la práctica de la medida se ordena librar despacho-comisión al Juzgado de Municipio Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (a quien corresponda por distribución).

Verificándose en el caso que nos ocupa que la parte actora se limitó a señalar la presunta existencia de una presunción grave del derecho que se reclama y el riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, sin establecer de donde nacen tales circunstancias, puesto que se limito la parte actora a indicar que existía riesgo de insolventarse la demandada sin aportar a los autos prueba alguna que permita inferir a quien suscribe que existe tal posibilidad. Por las razones expuestas, este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley NIEGA la medida preventiva solicitada por la parte actora.