II DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO MARQUEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano PEDRO RAFAEL VARGAS, antes identificados, contra la Alcaldía del Municipio Autónomo Paz Castillo del Estado Miranda.-.

II DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado JOSE ANTONIO MARQUEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ MANUEL URDANETA, antes identificados, contra la Alcaldía del Municipio Autónomo Paz Castillo del Estado Miranda.-.

"Este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, la querella funcionarial interpuesta por el abogado ANTULIO MOYA LA ROSA, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 11.108, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JAIRO JOSE IDROGO, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 8.937.433, contra el Consejo Nacional Electora.-

"Este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano LUIS ARNALDO CHIQUIN CARBALLO, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 6.412.729, asistido por el abogado JOSE PILAR BOTOMO LUCES, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 16.329, contra la Gobernación del estado Miranda.-

DECISIÓN Por la motivación que antecede, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia en nombre de República y por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por el abogado LUIS ENRIQUE HERNANDEZ SANTAELLA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N°. 65.119, actuando en su propio nombre y representación, contra del acto administrativo contenido en la Resolución N° 040, de fecha 29 de enero de 2004, publicada en el Diario Ultimas Noticias de fecha 5 de abril de 2004, emanada del Ministro de Salud y Desarrollo Social.

es por lo que se acuerda: PRIMERO: El archivo de las presentes actuaciones donde aparece como imputado el ciudadano LORENZO HERNANDEZ, de la causa signada bajo el N° 20-C-2586-03(nomenclatura de este Despacho). SEGUNDO: Ordena el cese inmediato de las Medidas Cautelares Sustitutivas de la Medida Privativa de Libertad que pesaba pesaban sobre el prenombrado ciudadano en el proceso penal, así como su condición de imputado. TERCERO: Ordena la remisión en su oportunidad legal a la Fiscalia 119° del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Caracas, del Cuaderno de solicitud de la audiencia oral prevista en el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, dejándose expresa constancia que la investigación sólo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, previa autorización de este Órgano Jurisdiccional.

es por lo que se acuerda: PRIMERO: El archivo de las presentes actuaciones donde aparece como imputado el ciudadano BRICEÑO JUAN CARLOS, de la causa signada bajo el N° 20-C-2749-03 (nomenclatura de este Despacho). SEGUNDO: Ordena el cese inmediato de la Medida Cautelar Sustitutiva de la Medida privativa de que pesaba Libertad que pesaban sobre el prenombrado ciudadano en el proceso penal, así como su condición de imputado. TERCERO: Ordena la remisión en su oportunidad legal a la Fiscalia 118° del Ministerio Publico del Área Metropolitana de Caracas, dejándose expresa constancia que la investigación sólo podrá ser reabierta cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, previa autorización de este Órgano Jurisdiccional.

Archivo Judicialy Cese de Medida, artículo 314 del Código Orgánico Ptocesal Penal

Con fundamento en las razones antes expuestas este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que por Cobro de Bolívares (Procedimiento de Intimación), interpusiera el BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL contra la Sociedad Mercantil J.C. Compañía Anónima y el ciudadano GONZALO VASQUEZ PEREZ, todos supra identificados. SEGUNDO: PROCEDENTE la excepción perentoria de previo pronunciamiento referida a la falta de cualidad del fiador para sostener el presente juicio, por no estar integrado el litis consorcio pasivo necesario, que involucra a la comunidad conyugal entre el demandado como fiador GONZALO ERNESTO VASQUEZ PEREZ y MARÍA LETICIA LOYNAZ DE VASQUEZ. TERCERO: Se condena a la Sociedad J.C. Compañía Anónima a pagar al BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL, la ca.....

declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 25 de Julio de 2000 por la actora, contra la sentencia dictada el 26 de Enero de 1999, por el extinto Tribunal Sexto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por Jubilación sigue la ciudadana OLGA M. RIVAS, contra la COMPAÑÍA ANONIMA NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV). SEGUNDO: CON LUGAR la defensa de prescripción alegada por la parte demandada en cuanto a la diferencia de prestaciones sociales; SIN LUGAR la defensa de prescripción alegada por la demandada, en relación al derecho a la jubilación de la demandante. TERCERO: CON LUGAR la Pensión de Jubilación Vitalicia de la accionante, por lo que la empresa demandada deberá cancelar la pensión a razón de Bs. 47.635,46 mensuales, es decir, el 91% del último salario normal devengado por la actora; dicho monto deberá ser reajustado en proporción a los incrementos que hubiere otorgado la .....