Por las razones de hecho y de derecho precedentemente indicadas, esta Sala Cuatro de Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, declara según lo dispuesto en los artículos 173, 190 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal, la nulidad absoluta del auto dictado el 23 de abril de 2009, por el Juzgado Cuadragésimo de Primero (41°) de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual "NIEGA, las solicitudes de (sic) realizada por la Abogada LAURA BLANK ORTEGA y OMAIRA MORALES MARTIN, Defensora Pública Sexagésima (60°) y Sexagésima Cuarta (64°) Penales del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensoras de los ciudadanos FRANCIS BELLO FIGUEROA y JORMAN MANUEL LOPEZ, en el sentido de que se decrete el cese de la medida Judicial Privativa preventiva de libertad, de conformidad con el 244 del Código Orgánico Procesal.....

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara Con Lugar la presente inhibición propuesta por el Abogado RODOLFO ROMERO ZAMBRANO, Juez Trigésimo Sexto de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con motivo de la Inhibición presentada en la causa N° 12815.09, nomenclatura de ese Despacho, contentiva de la Querella interpuesta por el Abogado CARLOS GABRIEL CHACIN RICHARDT, al encontrase incurso en la causal de inhibición prevista en el artículo 86 ordinal 7° del Código Orgánico Procesal Penal.-

En relación a los requisitos de procedencia de la prueba de informes, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido que la información requerida por una de las partes debe hallarse en documentos, libros, archivos y otros papeles y que el informe sea o se trate sobre los hechos litigiosos que aparezcan en dichos instrumentos, por cuanto la prueba de informes "... sólo permite traer al proceso documentos, libros, archivos u otros papeles que se hallen en oficinas públicas, bancos, asociaciones gremiales, sociedades civiles o mercantiles o instituciones similares que no sean parte en el juicio." (Sentencia N° 1788 de fecha 9 de diciembre de 2005, caso Dell´Acqua C.A., por cobro de indemnizaciones derivadas de enfermedad profesional y sentencia Nº 448 de fecha 18 de Septiembre de 2003, caso Panamco de Venezuela S.A., de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia). Al conjugar lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabaj.....

PARTE DISPOSITIVA En mérito a los anteriores razonamientos, este Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Homologa la Transacción, en todas y cada una de sus partes y en los mismos términos en él expuestos, dándole el carácter de Sentencia Pasada en Autoridad de Cosa Juzgada de conformidad con lo establecido en el Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil.- REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE.- Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Los Cortijos de Lourdes, a los Diecinueve (19) días del mes de Junio de Dos Mil Nueve (2009), 199° años de la Independencia y 150° años de la Federación.- LA JUEZ, ABG. FLOR DE MARIA BRICEÑO BAYONA. LA SECRETARIA ACC., .....

Por las razones previamente expuestas, este Tribunal Noveno de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales incoada por la ciudadana NIRZA KARELIS SOSA BOGADO, contra la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICISO MUNICIPALES LIBERTADOR S.A., plenamente identificados en autos. SEGUNDO: Se condena a la actora a pagar a la demandada la cantidad de Bs.f. 1.087.31, por concepto de salarios caídos. TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

DE LA TRANSACCION Visto el escrito Transaccional presentado por ambas partes ciudadanos DOUGLAS JOSÉ RIVAS ORTEGA abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 59.901, actuando en este acto, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora ciudadana MARIA FERNANDA CASTRO, arriba identificada quien se encuentra presente en este acto, por una parte y por la otra el ciudadano abogado ELIAS ADOLFO HIDALGO en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro.75.079, actuando en este acto en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada AVON COSMETIC DE VENEZUELA C.A. inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 26 de octubre de 1962, bajo el Nro. 76, Tomo 34-A.- y posteriormente inscrita y refundido su Documento Constitutivo Estatutario bajo el Nro. 78, Tomo 133-A-Sgdo en fecha 25 de Octubre de 1982., en la cual establece en su CLAUSULA TERCERA: Que a los fines de poner fin al.....

Con base a todos lo razonamientos de hecho y derecho que han sido expresado en la parte motiva del presente fallo este JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: SIN LUGAR: La demanda intentada por las ciudadanas AMELIA ROSA QUINTANA RODRÍGUEZ y MORALBA JOSEFA ARCHILA TORRES contra la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA por órgano DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HABITAD. No hay condenatoria en costas de conformidad con la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 de febrero de 2004.

En base a los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO OCTAVO SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÀREA METROPOLITANA DE CARACAS , administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación de la parte demandada contra acta de juicio emanada del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial, de fecha 23-03-2009, en la cual se declaró: SEGUNDO: CON LUGAR la demanda por Cobro de Prestaciones Sociales incoada por el ciudadano HERNAN PULGAR contra el ciudadano FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ ÁLVAREZ; TERCERO: Se condena a la parte demandada al pago de los siguientes conceptos: 1- Salarios no pagados, correspondiente a los períodos 15-01-2008 al 30-01-2008 y del 1-02-2008 al 15-02-2008, la cantidad de Bs.F 8.000,00. 2- Prestación de antigüedad 45 días a razón de salario integral diario Bs.F 368,97, con la inclusión de las alícuotas correspo.....

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la abogada ALEJANDRA PINTO CEDEÑO, en su carácter de Fiscal Quincuagésima Cuarta del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la decisión dictada en fecha 22 de Agosto de 2008, por el JUZGADO VIGESIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, mediante la cual acordó Medida Cautelar Sustitutiva de Medida Privativa a los ciudadanos SANCHEZ HOLGUIN DANIEL HUMBERTO, ALVENIZ CAMACHO EULATE y TORO ROJAS JORGE, prevista en el artículo 256 numerales 3 y 8 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia, esta Sala de Apelaciones resolverá sobre la procedencia o no de la .....

En el caso de autos debe señalarse que desde el día dos (2) de noviembre del año dos mil siete (2007), fecha en que se libró cartel de emplazamiento a ser publicado en el diario El Universal y boleta a fin de notificar al Fiscal del Ministerio Público, hasta la presente fecha, no existe ningún acto de procedimiento realizado por el solicitante, dirigido a impulsar el proceso, lo que evidencia que en el presente juicio ha transcurrido más de un año sin que la demandante haya realizado acto alguno de procedimiento, por lo que ha incumplido sus obligaciones, todo lo cual es traducido en inactividad procesal subsumible dentro del precepto previsto en el supra transcrito artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, considerando este Tribunal que se da el mencionado presupuesto sancionatorio por inactividad de las partes, por lo que, de conformidad con la referida norma, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dec.....