Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana¬ de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda que, por DESALOJO, incoara la empresa INVERSIONES ODAREN, C.A., contra el ciudadano JOSE MANUEL ARREGUI AIZPURUA, todos suficientemente identificados en el texto del presente fallo. En consecuencia: 1º Se declara resuelto el contrato de arrendamiento celebrado en fecha 30 de enero del 1992 entre la empresa GOLDEN BRICK BIENES RAICES S.R.L. y el ciudadano JOSE MANUEL ARREGUI AIZPURUA, el cual tuvo por objeto el inmueble identificado en autos constituido por una parcela de terreno y la casa quinta denominada "Denique" sobre ella construida, que forma parte de la parcela No. 3, Manzana E, Grupo No. 9, en el plano de parcelamiento de la Urbanización Horizonte, ubicada en la transversal 12 de la citada urbanización, jurisdicción d.....

SIN LUGAR la apelación interpuesta en fecha 15 de marzo de 2005 por el abogado LUIS FERNANDO RAMIREZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada contra la sentencia dictada en fecha 17 de febrero de 2005, por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual SE CONFIRMA en todas y cada una de sus partes. Se condena en costas a la parte perdidosa de conformidad con lo establecido en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. Remítase el presente expediente, en su oportunidad legal al Tribunal de Origen. Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias de este Tribunal.

"...éste Tribunal decreta MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes propiedad de la parte codemandada..."

Se impartió la homologación de ley al el desistimiento efectuado por la representación judicial de la parte actora.-

En consecuencia este tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, deja sin efecto la citación por carteles practicada en el presente juicio y en consecuencia se acuerda librar nuevo cartel de citación con la expresa advertencia a la parte actora que deberá consignarlo dentro de los 15 días siguientes a su expedición, de lo contrario las citación practicada quedara sin efecto. CÚMPLASE.

En virtud de los fundamentos anteriormente expuestos, éste Juzgado Duodécimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECIDE: -PRIMERO: Se declara consumada LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa que por COBRO DE BOLIVARES (VIA EJECUTIVA) incoara la SOCIEDAD MERCANTIL ADMINISTRADORA CANARIAS C.A., en contra de los ciudadanos CARLOS VIDAL PINTO PEÑA Y JUANA LUCRECIA LOPEZ DE PINTO, ambas partes identificadas en el presente fallo. -SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior y de conformidad con lo previsto en el artículo 270 del Código de Procedimiento Civil, se declara EXTINGUIDO el presente proceso, con el expreso señalamiento a la parte actora, que para volver a proponer la acción que nos ocupa, deberá dejar transcurrir íntegramente el lapso previsto en el artículo 271 ejusdem.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas Caracas, veinte de octubre de dos mil seis 196º y 147º ASUNTO: AN36-M-2003-000019 Se refiere el presente caso a una demanda de cobro de bolívares que presentó la compañía FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., contra el ciudadano MARIANO JOSÉ PUMAR MEDINA; la cual fue admitida en fecha 05 de junio de 2003. Después que se librara con oficio Despacho de Exhorto a un Juez de la Circunscripción del Estado Bolívar, para que el Alguacil de dicho Tribunal practicara la citación del demandado; el cual fue retirado de este Tribunal por el apoderado actor para llevarlo al Juez Exhortado, en fecha 11 de julio de 2003 (folio 27), nunca más se supuso la suerte o destino que ha tenido el referido exhorto citatorio. El apoderado de la parte demandante ha estado estampando diligencias donde dice que revisa el expediente, lo cual en modo alguno implica .....

Declara: SIN LUGAR el recurso de hecho interpuesto por el Abogado Arnaldo Morillo, actuando en su carácter de Apoderado Judicial de la parte actora contra el auto dictado en fecha 26 de septiembre de 2006, por el Juzgado Décimo Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo, que negó el Recurso de Apelación interpuesto en contra de la decisión de fecha 09 de agosto del presente año. Se confirma el auto recurrido.

III DECISION Por las motivaciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley dicta la siguiente sentencia: PRIMERO: Conforme al artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se HOMOLOGA el desistimiento formulado el 19 de octubre de 2006 por la parte accionante (quejosa) en el amparo constitucional que había sido propuesto por los ciudadano FREDDY ENRIQUE FLORES RIVAS y KEYLA DENISA FLORES VIVAS, en contra del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana, en virtud de que los derechos presuntamente violados a la accionante sólo afectan su esfera particular, no revistiendo un carácter de eminente orden público y que no son susceptibles de afectar .....

Luego de lo anterior, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declaró INADMISIBLE la acción de amparo que originó este proceso, por considerar que los hechos controvertidos deben ser dilucidados en un proceso ordinario de cognición completa, es decir, una demanda reivindicatoria o interdictal, según el caso, donde cual las partes puedan promover y evacuar toda clase de pruebas, tendentes a esclarecer el controvertido relacionado con la posesión y/o propiedad de las bienhechurías, la eventual perturbación posesoria o despojo ilegítimo de la propiedad, la autoría de la posible perturbación, entre otras cosas. Se concede al Ministerio Público el lapso de veinticuatro (24) horas para la consignación de su opinión. Vencido ese lapso, el lapso íntegro de la decisión .....