En tal sentido, este Juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 263 del Código de Procedimiento Civil HOMOLOGA el DESISTIMIENTO planteado por la parte recurrente.

declara: CON LUGAR la querella interpuesta por la abogada AURÍSTELA RODRÍGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 20.439, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana CAROL NAKHAL HAKIM, portadora de la cédula de identidad 11.032.126, mediante la cual solicita la nulidad del acto administrativo de retiro contenido en la Resolución Nro. 149, de fecha 06 de abril de 2006, firmada por el Director de Recursos Humanos (E) COM. Jefe (PM) Lic. José Ramón Pérez Rojas, haciendo uso de las atribuciones delegadas por el ciudadano Alcalde Lic. Freddy Bernal Rosales.

declara: 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR, la querella interpuesta por la ciudadana Aliria F. Suárez A., portadora de la cédula de identidad Nro. 3.913.369, asistida por la abogada Marlene Macilla, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 67.183, mediante la cual solicita el pago de la diferencia de prestaciones sociales, intereses de mora y otros conceptos al Ministerio de Educación (hoy Ministerio del Poder Popular para la Educación. 2.- ORDENA el pago a la actora de los intereses moratorios causados por el retardo del pago de la diferencia de las prestaciones sociales, calculadas desde el 1 ° de agosto de 2003 hasta el 13 de diciembre de 2005, en los términos de la presente decisión

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta los abogados IVOR D. MOGOLLON-ROJAS y CLAUDIO HUENUFIL LEAL, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano CARLOS ENRIQUE PIZANI ARAUJO, antes identificados contra el BANCO NACIONAL DE AHORRO Y PRESTAMO (BANAP). En consecuencia se declara: PRIMERO: Se ordena al Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (BANAP) ajustar la pensión de jubilación del ciudadano Carlos Enrique Pizani Araujo con base al 80% del sueldo actual correspondiente al cargo de Gerente de Informática. SEGUNDO: Se niega el resto de las solicitudes de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente fallo.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella por solicitud de diferencia de prestaciones sociales, interpuesta por el abogado JESÚS CRISTÓBAL RANGEL RACHADELL, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano CÉSAR ALEJANDRO PÉREZ VIVAS, antes identificados, contra la Asamblea Nacional.

En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Primero en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL en la presente causa seguida al ciudadano JOSÉ ANTONIO BRICEÑO HERNÁNDEZ, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.073.363, de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal; así mismo CESA LA MEDIDA CAUTELAR IMPUESTA Y LA CONDICION DE IMPUTADO del referido ciudadano, todo de conformidad con la norma citada ut supra. Publíquese, regístrese y diaricese la presente decisión y notifíquese a las partes, remítase las presentes causa en su estado original a la Fiscalía del Ministerio Público, en su oportunidad legal.

DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente explanado, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, RECHAZA la solicitud planteada por el ciudadano Dr. ANTONIO MASTROPIETRO MASSARI, en su carácter de Fiscal Décimo Cuarto del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Régimen Penitenciario, en el sentido que sea revocado el Destino a Establecimiento Abierto al penado JHONNY ENRIQUE DUARTE CASTELLANOS, por ser manifiestamente IMPROCEDENTE, pues las faltas aludidas por dicho Fiscal se encuentran plenamente justificadas, tal y como lo ha esgrimido el Centro de Tratamiento Comunitario "Dr. FRANCISCO CANESTRI" del ministerio del Interior y Justicia, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 509 de la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.- Regístrese.....

DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente explanado, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, CONCEDE EL PERMISO DE SUPERVISIÓN ESPECIAL al penado JHONNY ENRIQUE DUARTE CASTELLANOS, de nacionalidad venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, nacido en fecha 18-04-974, de 32 años de edad, hijo de Julio César Duarte y Casimira Castellanos Aristiguieta, de estado civil Soltero y titular de la Cédula de Identidad N°: V-12.671.014, en virtud de encontrarse llenos los extremos exigidos en el artículo 50 del Reglamento Interno de los Centros de Tratamiento Comunitario, por un tiempo de DOS (2) MESES contados a partir de la presente fecha, debiendo el penado REINTEGRARSE a las pernoctas el día 23 DE ABRIL DE 2007 en el Centro de Tratamiento Comunitario "Dr. FRANCISCO CANESTRI" del ministerio del Interi.....

SE MODIFICA parcialmente la sentencia consultada y se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda. Se modifica la sentencia consultada. No hay condenatoria en costas.

II En mérito de las consideraciones precedentemente explanadas, esta Sala de Juicio Novena del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente, actuando en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 1 y 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil se declara incompetente en razón de la materia para conocer el caso que nos ocupa, y en consecuencia, solicita la regulación de la competencia en la presente demanda, a tal efecto ordena remitir copias certificadas de la totalidad del expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con el objeto de que resuelva el conflicto planteado, en vista de que no existe un superior común entre esta Sala de Juicio y el Juzgado que conoció en principio de esta causa. Líbrese oficio ordenando lo conducente. Dada, firmada y sellada en el despacho de la Juez Ponente nú.....