D I S P O S I T I V O En consideración a todo lo antes expuesto, este Juzgado Superior Primero Agrario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y de los Estados, Miranda, Vargas, Guárico y Amazonas, actuando como Tribunal de Alzada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: CON LUGAR, la solicitud de perención breve de la instancia formulada en fecha 16 de julio de 2007 por las abogadas MONICA OVIEDO y HERLEY PAREDES, actuando en sus caracteres de co-apoderadas judiciales del Instituto Nacional de Tierras. SEGUNDO: Se declara que en la presenta causa, ha operado de hecho y de derecho la perención breve de la instancia a tenor de lo establecido a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social con ponencia de la Magistrada Dra. CARMEN ELIGIA PORRAS DE ROA, en su sentencia de fecha 24 de mayo de 2.007, en el expedient.....

Se dictó sentencia en la que se declaró: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la ciudadana YENIFFER RIDEHER HERNANDEZ GONZALEZ, contra la decisión dictada por la Juez Unipersonal Nº VII de la Sala de Juicio del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 24 de mayo de 2007. SEGUNDO: En virtud del anterior pronunciamiento, queda FIRME la sentencia de fecha 24 de mayo de 2007, dictada por la Juez Unipersonal Nº VII de la Sala de Juicio del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.

"...HOMOLOGA dicho convenimiento de conformidad con lo establecido en los artículos 170 literal f y 360 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y le imparte su aprobación en todas y cada una de sus partes, en los mismos términos y condiciones expuestas por ellos..."

Ahora bien, visto que los solicitantes acompañaron a su escrito el Acta de Matrimonio, se cumplieron los lapsos legales y en general llenos los extremos de Ley, este Tribunal estando en la oportunidad para decidir, considera procedente la presente acción. Y ASI SE DECIDE.- Por las razones antes expuestas, este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud y en consecuencia, disuelto el vínculo matrimonial que une a los ciudadanos PEDRO ENRIQUE HERNANDEZ VICHIONACHE Y WENCES LISETH VERA DAVILA, conforme a lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil, quienes contrajeron matrimonio en fecha 10/02/2002, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia Mesa de Las Palmas, Municipio Antonio Pinto Salinas del Estado Mérida, asentada bajo el número de acta 01, folios 001 y.....

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS ( EN TRANSICION), Administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por la Autoridad que le confiere la ley, de conformidad con lo estatuido en los artículos 12, 242, 243, 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, declara: CON LUGAR LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio intentado por el FONDO DE GARANTIA DE DEPOSITOS Y PROTECCION BANCARIA contra CORPORACION DE METALES Y ESMALTES VALENCIA, C.A. (CORESMALT-VALENCIA) y los ciudadanos ROBERTO MARTINEZ ABOITIZ, MARIA JESUS FERNANDEZ de MARTINEZ, FERNANDO GALATAS ROVIRA, MARIA ASUNCION RUIZ QUINTANA, FRANCISCO GALATAS ROVIRA y MARIA DEL CARMEN SANCHEZ-HARGUINDEY GOBARTT, ya identificados en la primera parte de esta decisión.

En virtud de los razonamientos expuestos, ésta Jueza Unipersonal Nº 15 de la Sala de Juicio del Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, impartiendo Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la presente solicitud de Autorización Judicial para Contraer Matrimonio instaurada por la ciudadana MARIA GORFINDA HERNÁNDEZ DE ROSSI, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.-640.777, actuando en nombre de su hija adolescente DIANA SOFIA ROSSI HERNÁNDEZ, venezolana, titular de la cédula de identidad N° V.-20.303.195, debidamente asistida por el Abogado JOSÉ GRATEROL, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 35.858, en los términos expuestos; y así se declara.-

DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, esta Sala Dos (2) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia Especial y Exclusiva para conocer de los delitos Vinculados al Terrorismo en todo el Territorio Nacional, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado PEDRO CELESTINO RAMÍREZ, Fiscal Vigésimo del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, contra la decisión dictada en fecha 22 de febrero de 2007, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, con ocasión a la celebración de la audiencia preliminar mediante la cual acordó no admitir las testimoniales de los ciudadanos EDUARDO ANTONIO LINAREZ y LUIS RAFAEL ITRIAGO ACEVEDO y en consecuencia se CONFIRMA el pronunciamiento del J.....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara HOMOLOGADA la presente TRANSACCIÓN solo en lo que respecta al juicio que cursa por ante este Juzgado en el expediente Nº 2006-3667, que por EJECUCIÓN DE HIPOTECA sigue BANESCO BANCO UNIVERSAL contra el ciudadano IRINEO PERNÌA PERNÌA y la AGROPECUARIA EL CEDRAL, C.A, inicialmente identificados, por no ser contraria a derecho, al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley, versa sobre derechos disponibles y no afecta a terceros. Asimismo, se suspende la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar decretada por este Juzgado en fecha 03 de abril de 2007 sobre Un inmueble constituido por una casa-quinta formado por dos (2) lotes de terrenos propios contiguos que forman un solo cuerpo y con.....

Por otro aspecto, la decisión emanada del Tribunal Vigésimo Tercero de Primera Instancia en funciones de juicio de este Circuito Judicial Penal, de fecha 15 de Enero de 2007, a juicio de esta superior instancia, no solo resulta contradictoria e incongruente sino tambien inmotivada, toda vez, que la a quo manifiesta " ... en donde ciertamente existe una jurisprudencia de la Sala Constitucional, que indica que el Tribunal de Control que decrete procedente el Auxilio Judicial, debe proceder a la notificación de los imputados del derechos que ellos tienen también de controlar alguna pruebas..." sin señálar datos de registro y promulgación de la supuesta decisión de la sala constitucional y en que supuestos es aplicable al caso in examine y por demás resulta evidente la inexistencia de tal decisión en tales términos, toda vez, que en el desarrollo del Auxilio Judicial no existe posibilidad alguna de considerar alguna de las partes como IMPUTADOS, según lo expresado por la juez a quo. .....

No obstante lo asentado anteriormente, esta Sala al revisar el fallo impugnado constata que no se infieren vicios graves que atañen al debido proceso, que estén por encima de cualquier formalismo no esencial que conlleve la aplicación del artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues en efecto, el sentenciador de primera instancia al establecer los hechos punibles, objetos del juicio, así como la culpabilidad de los acusados JORGE LUIS GÓMEZ RONDÓN y MARCOS ADIEL GÓMEZ OSUNA, expresó las razones de hecho y de derecho, que a su juicio demostraban tales extremos, haciendo una determinación precisa y circunstanciada de los hechos que estimó acreditados en base a las pruebas incorporadas en el debate oral y público, según la sana crítica, observando las reglas de lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, tal como lo disciplina el artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal, haciendo un juicio libre pero razonado, estimando lógic.....