DISPOSITIVA Por los razonamientos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SEXTO (6°) EN FUNCIONES DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: DECLINA LA COMPETENCIA de la causa seguida por ante este Tribunal al penado ARVELO CORDERO JOSE LUIS, titular de la cedula de identidad N° V-15.871.040, en el Juzgado de Primera Instancia Décimo (10°) en Función de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, conforme a lo establecido en los artículos 70, numeral 4, 71 numeral 1, 73 y 77, todos del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines previstos en el numeral 2 del artículo 479 Ejusdem.

La figura de la tasación de las costas, tenía especial relevancia bajo el marco de los aranceles judiciales, conforme lo previsto en el artículo 31 de la Ley de Aranceles Judiciales, los cuales perdieron su vigencia tras la entrada en vigencia de nuestra Constitución Nacional, que propugna la gratuidad de la justicia. En este sentido, la tasación de las costas, bajo este nuevo modelo de gratuidad de la justicia, se encuentra limitada. Así los únicos gastos que pueden invocarse a través de las costas son aquéllos en que haya incurrido la parte gananciosa por necesidad, y que se encuentren soportados por recibos y facturas que cursen dentro del expediente, tales como por ejemplo lo serían, facturas por la publicación de carteles, recibos por el cobro de los honorarios de los expertos nombrados en el devenir del juicio, así como de los defensores judiciales designados a los demandados; y, comoquiera que de la revisión de las actas que conforman el presente expediente no corre factura algu.....

Mediante SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal declaró de oficio la PERENCIÓN BREVE DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 ordinal 1° del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem.

A través de SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal declaró la IMPROCEDENCIA EN DERECHO de decretar la Medida de Secuestro, sobre el inmueble distinguido con el número y letra A-1102, ubicado en el nivel 11 del edificio AZALEA I, situado en la Urbanización Boleita, Jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Miranda; solicitada por la parte actora, dado que en el mencionado caso, no se verifican de forma concurrente los extremos legales exigidos para la procedencia de la misma, concretamente el periculum in mora.

Ahora bien, de la revisión exhaustiva realizada a las actas que conforman el presente expediente, observa esta sentenciadora que el ciudadano CESAR ALFONSO LARRAIN, dice actuar como Consultor Jurídico de STANFORD BANK, S.A., Banco Comercial, no constando en actas instrumento alguno que lleve a la convicción de este Tribunal que realmente el mencionado ciudadano tenga el carácter con que actúo en la transacción celebrada por ante la Notaría Pública Vigésima Séptima del Municipio Libertador del Distrito Capital, por lo que a juicio de esta sentenciadora, el mismo no tiene la capacidad para transarse en el presente juicio, en consecuencia, forzoso es para quien aquí decide NEGAR LA HOMOLOGACIÓN a la transacción celebrada entre las partes en fecha 07 de agosto de 2007. Así se decide.

En consecuencia, visto que la medida de prohibición de salida del país no tiene ningún efecto en este proceso, este órgano jurisdiccional, la revoca. Así se declara. Se ordena librar oficio a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), participándole de la revocatoria de medida aquí decretada. Publíquese, regístrese y notifíquese.

Aplicando al caso que nos ocupa las normas antes transcritas, este Tribunal por cuanto el desistimiento no es contrario al orden público la HOMOLOGA. En consecuencia, téngase como Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Asimismo, a petición de la parte actora se acuerda la devolución de los originales que corren insertos en el presente expediente previa certificación en autos. ASÍ SE DECIDE.

Aplicando al caso que nos ocupa las normas antes transcritas, este Tribunal por cuanto el desistimiento no es contrario al orden público la HOMOLOGA. En consecuencia, téngase como Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Asimismo, a petición de la parte actora se acuerda la devolución de los originales que corren insertos en el presente expediente previa certificación en autos. ASÍ SE DECIDE.

Este JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL BANCARIO CON COMPETENCIA NACIONAL Y SEDE EN LA CIUDAD DE CARACAS ( EN TRANSICION), administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que confiere la Ley, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 242, 243 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 410 al 482 del Código de Comercio y 1279 al 1281 del Código Civil, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA , PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA DE COBRO DE BOLIVARES incoada contra la sociedad mercantil CASA ANACO C.A y los ciudadanos FARID ABOUCHEDID Y MARIA DE ABOUCHEDID; SIN LUGAR LA ACCION POR SIMULACION incoada contra el ciudadano LUIS INOCENTE CALZADILLA , incoadas por el BANCO DEL CARIBE S.A.C.A, todos identificados en la primera parte de la presente decisión.

PRIMERO: declarar CON LUGAR el amparo solicitado; SEGUNDO: reconocer al solicitante los derechos a un debido proceso, a la propiedad de los bienes muebles ubicados en el local arrendado, a la inviolabilidad del recinto privado y los referidos al libre desenvolvimiento de la personalidad; TERCERO: como consecuencia de aquellas declaraciones el ciudadano EDUARDO SALGADO debe restituir al ciudadano HARRY CALL las llaves y uso del local comercial situado en la planta baja del edificio Solymar, ubicado éste en la calle San Antonio, sector Mirador del Este, Petare, jurisdicción del Municipio Sucre del Estado Miranda, Caracas, así como los bienes muebles y demás pertenencias personales del quejoso, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación de esta decisión; CUARTO: este mandamiento de amparo debe ser acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad, penado conforme al artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo s.....