Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta el abogado MARCO TULIO RIOS GONZALEZ, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana VICTORIA JOSEFINA GARCIA PIÑERO, ya identificados, contra los actos administrativos contenidos en las Resoluciones Nº 006-2005 y 008-2005 de fechas 27 de julio de 2005 y 27 de agosto de 2005, respectivamente, dictados por el Contralor del Municipio Rafael Urdaneta del Estado Miranda. En consecuencia se decide: PRIMERO: Se declara la nulidad de los actos administrativos de remoción y retiro contenidos en las Resoluciones Nº 006-2005 y 008-2005 de fechas 27 de julio de 2005 y 27 de agosto de 2005, respectivamente, dictados por el Contralor del Municipio Rafael Urdaneta del Estado Miranda. SEGUNDO: Se o.....

Por Las razones antes expuestas este Tribunal Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley decide declarar SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado TULIO ALBERTO ALVAREZ inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 21.003, actuando como apoderado judicial de la ciudadana DORYS ARVELO titular de la cedula de identidad N° V-6.314.386, contra la Asamblea Nacional. Notifíquese de la presente decisión a la ciudadana Procuradora General de la República mediante oficio, y anéxese copia certificada de la misma, debiendo la parte interesada aportar los respectivos fotostatos.

, en razón de lo cual este Tribunal lo declara INADMISIBLE, conforme a lo previsto en el artículo 21, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Advirtiéndose, que tampoco consta a los autos que se hubiese interpuesto el recurso administrativo indicado en el acto en referencia, en cuyo caso el cómputo del lapso de caducidad variaría.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso ejercido por el ciudadano LUÍS MARIANO DURÁN CERRADA, representado por su apoderado judicial abogado GIOVANNI URDANETA RAMOS, todos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el acto administrativo de fecha 7 de junio de 2006, dictado por el Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte (INSETRA).

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso ejercido por la ciudadana IRIS DOMÍNGUEZ DE RIVAS, representada por su apoderado judicial abogado RAÚL LEONARDO VALLEJO, todos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra los actos administrativos Nº 447-2006, suscrito por el Gobernador del Estado Vargas y Nº GEV-SSA-DRH-CEPS-0-2221-062006, suscrito por el Director de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Vargas.

Se HOMOLOGA la transacción en los mismos términos y condiciones expuestas por las partes y de conformidad con lo previsto en el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, la declara como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

-III- DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado Código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese, notifíquese a las partes y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, en fecha: veintisiete (27) días del mes de septiembre de dos mil seis (2006).- EL JUEZ, LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ

- III - Dispositiva Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara PERIMIDA LA INSTANCIA. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del citado código, no hay condenatoria en costas en esta decisión. Regístrese, publíquese, notifíquese a las partes y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Caracas, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de dos mil seis (2006).- EL JUEZ, LUIS RODOLFO HERRERA GONZÁLEZ

Acuerda conceder a la Fiscalía Trigésima Séptima (37º) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, un lapso de quince (15) días, contados a partir del día 28-09-2006, a los fines de que proceda a consignar el acto conclusivo que corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto aparte del artículo 250 del Código Organico Procesal Penal, en virtud que ha sustentado su solicitud con argumentos sólidos, toda vez que tratándose del delito de ROBO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en los artículos 5 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores en relación con el artículo 6 numeral 1º ejusdem, le hacen falta todavía diligencias por practicar que coadyuvarán con el objeto de la investigación seguida a los imputados MIGUEL ORTIZ OROZCO y ALEJANDRO ENRIQUE CASTRO FERNÁNDEZ, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 280 y 281, ambos del Código Organico Procesal Penal, lo cual favorece igualmente.....

Mediante Sentencia Interlocutoria sec declaró Improcedente en Derecho la Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, solicitada por la representación judicial de la parte actora, con fundamento en el artículo 1.099 del Código de Comercio, dado que no se encuentran configurados los extremos legales exigidos en dicha normativa para su procedencia en derecho, y así se establece.