Como se puede evidenciar el Control Difuso de la Constitucionalidad no constituye el medio mas idóneo para atacar una sentencia que ha quedado definitivamente firme, pues su finalidad es controlar la constitucionalidad de las leyes de la Republica. Sorprendiéndose sobremanera este juzgador que el profesional del derecho ROMULO HERRERA, ignore la naturaleza y finalidad de una Institución tan importante del Derecho Constitucional Venezolano como es el mecanismo de Control Difuso de la Constitucionalidad establecido en el artículo 334 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. En consecuencia por todos los razonamientos antes expuestos se declara improcedente lo peticionado. Así queda decidido.-

Ante la situación planteada y el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con respecto al Control Difuso de la Constitucionalidad, cabe preguntarse: ¿Es posible dejar sin efecto una Sentencia que ha quedado definitivamente firme a través del mecanismo del control difuso de la constitucionalidad? Semejante interrogante sólo genera una respuesta negativa, ya que en primer lugar la institución del Control Difuso de la Constitucionalidad, sólo permite desaplicar una norma que sean producto de la potestad normativa del estado, que sea susceptible de aplicación general y abstracta, cuando riña, colide o sea incompatible con la alguna disposición o principio y en general cualquier norma de carácter constitucional; y en segundo lugar el abogado ROMULO HERRERA, en las solicitudes presentadas no indica norma alguna que riña con la constitución y cuya desaplicación procura, sino que por el contrario pretende con el mecanismo del control difuso de la constitucionalidad, .....

Este Juzgador se sorprende que el profesional del derecho ROMULO HERRERA, ignore la naturaleza y finalidad de una Institución tan importante del Derecho Constitucional Venezolano como es el mecanismo de Control Difuso de la Constitucionalidad establecido en el artículo 334 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela

Tal como consta en informe conductual emanado de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario de esta ciudad, consignado en la presente causa por parte del ciudadano DARIO MANUEL VILLALOBOS BEROES, en la audiencia, en atención a los artículos 45, 48 numeral 7 y 318 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, se declara la extinción de la acción penal y en consecuencia DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor del ciudadano Darío Manuel Villalobos Beroes, venezolano, Titular de la cedula de identidad Nº 11.122.664 hijo de Ana Beroes (V) y Simón Darío Villalobos (V), natural de esta ciudad, nacido en fecha 27/08/66, de 36 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Obrero, domiciliado en el barrio Vicario III, al final cerca de la Licorería la Covacha, Calabozo Estado Guárico. Y ASI SE DECIDE.

Este juzgado se abstiene de admitirlo, en virtud que, el mismo no cumple con el requisito de admisibilidad contenido en el numeral 3° del artículo 123 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dado que la parte presentante en su escrito libelar no señala la operación matemática para obtener los salarios básico normal e integral devengados por el trabajador, y en el caso de los conceptos demandados específicamente en el caso de la antigüedad, no indica la operación aritmética y método del cálculo para discriminar mes por mes conforme al salario integral respectivo, a partir de la fecha en que se comenzó a generar tal concepto, es por ello que debe la parte accionante indicar la operación matemática para obtener el salario básico normal e integral; así mismo, debe discriminar el salario integral devengado por el trabajador mes a mes, a partir de la fecha en que comenzó a generar el derecho de antigüedad hasta la finalización de la relación de trabajo. Así queda decidido.

este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, con sede en Valle de la Pascua; actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: HOMOLOGADO el desistimiento del presente proceso efectuado por la parte demandante mediante diligencia de fecha 21 de septiembre de 2009, en el juicio que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES, sigue el ciudadano: EVIC ISMAEL FERNANDEZ, titular de la cedula de identidad número 16.506.883 y de este domicilio; contra la sociedad mercantil: ENZOCAM CONSTRUCCIONES, C.A. Y en forma solidaria a la sociedad mercantil: PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA); ello atendiendo a lo dispuesto en los artículos 263 y 264 del Código de Procedimiento Civil norma cuya aplicación analógica se adopta conforme al articulo 11 de la Ley Procesal del Trabajo y reiterada.....

PRIMERO: CON LUGAR la demanda incoada por la ciudadana CARMEN YOLANDA PALMA MEJÍAS plenamente identificada en autos, por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACIONES POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL e INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL en contra de la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE) plenamente identificada. SEGUNDO: Se condena a la COMPAÑÍA ANÓNIMA DE ADMINISTRACIÓN Y FOMENTO ELÉCTRICO (CADAFE), plenamente identificada en los autos a pagar las cantidades de dinero que se especifican según los siguientes conceptos calculados de la siguiente forma: 1.- PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD.........................Bs. F. 57.786,90 2.- DAÑO MORAL Art. 1.193 y 1.196 CÓDIGO CIVIL...Bs.F. 20.000,00 3.- INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 130 NUMERAL 3 DE LA L.O.C.Y.M.A.T.....................Bs.F. 216.043,00. 4.- DE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA 20 NUMERAL 1 DE LA CONEVCIÓN COLECTIVA DE CADAFE 2006-2008........................

este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico con sede en Valle de la Pascua, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.

Por las razones anteriormente expresadas, éste JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO, actuando en su competencia CIVIL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR, la demanda de REIVINDICACIÓN interpuesta por la ciudadana CELIA PINTO LEDEZMA quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nros. 5.620.091, mediante sus apoderados Judiciales los abogados JUAN BAUTISTA AGUIRRE NAVAS Y JUAN RAFAEL AGUIRRE HERRERA, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 3.219.228 y V-16.384.097, abogados en ejercicio e inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 8.049 y 128.864 respectivamente, con domicilio Procesal en Calabozo Municipio Francisco de Miranda en el Estado Guárico, Centro Comercial Profesional "Atrache" Primer Piso, Oficina N° 16 carrera 10 e.....

Por las razones anteriormente expresadas, éste JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL, MERCANTIL, AGRARIO Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO, actuando en su competencia CIVIL, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se declara SIN LUGAR, la demanda de REIVINDICACIÓN interpuesta por el ciudadano DAVID ANTONIO LAYA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 8.620.554, de este domicilio, representado por sus apoderados judiciales JUAN ERASMO MOLINA LABRADOR Y JUAN ERASMO MOLINA YÉPEZ, quienes son venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad números 2.809.261 y 10.267.844 respectivamente, abogados en ejercicio e inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 96.903 y 59.009 respectivamente, contra los ciudadanos FRANCISCO ANTONIO MONTEZUMA, JUANA REMIGIA PANTOJA, OSCAR ADOLFO MONTEZUMA PANTOJA Y JUAN HERMOGENES PANTOJA, quienes son venezola.....