UNICO: Declara Con Lugar la solicitud de SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, presentada por la Abg. Carmen Cepeda de Sánchez, Fiscal del Ministerio Público para el Régimen Penal Transitorio, por cuanto se encuentran llenos lo extremos de Ley, en la presente causa, todo de conformidad con lo establecido en el ordinal 3º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal.

Tribunal en la consideración de que el mismo no ha cumplido para la presente fecha, mas de una tercera (1/3) parte de la pena impuesta, como así lo indica el artículo 501 en su segundo aparte del Código Orgánico Procesal Penal, o sea, según la pena impuesta, debería haber cumplido tres (03) años, trece (13) días y ocho (08) horas, pero solo ha cumplido para la fecha Un (01) año, diez (10) meses y doce (12) días, es por lo que se niega la apertura del mencionado procedimiento, y ASI se DECIDE Cúmplase y notifíquese a las partes. El Juez La Secretaria Abog. Ramón Vivas Frontado Abog. Daysy Caro Cedeño Asunto Nº JL01-P-2002-000062

Se ORDENA LA DEVOLUCION DEL PRESENTE EXHORTO, relacionado con la causa que se le sigue a la la penada JENNY MARGARITA AULAR, titular de la cédula de identidad Nº 8.758.799. al Tribunal Tercero de Primera Instancia en funciones de Ejecución del estado Miranda extensión Barlovento con sede en Guarenas, por cuanto no existe otra diligencia que prácticar , en virtud a que la prenombrada penada, no se encuentra recluida en la Penitenciaria General de Venezuela ( anexo femenino).Remítanse las presentes actuaciones.

DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Zaida Jaspe, actuando en su condición de de representante del Estado Guárico, parte acusadora en el juicio que se sigue contra la ciudadana Maritza Ascensión Alayón Alvarado, contra la sentencia definitiva de fecha 25/03/2002, dictada por el juez de juicio N° 01 (Mixto) del Estado Guárico, a través de la cual la señalada ciudadana fue absuelta de la acusación fiscal que le fuera incoada por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, enriquecimiento ilícito y uso de documento público falsificado, previsto y sancionado, los dos primeros, en los artículos 58 y 66 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, y el último en el artículo 323 del Código Penal. En consecuencia se declara la nulidad absoluta de la indicada sentencia y se ordena la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un tribunal de juicio diferente al que dictó el fallo judicial anulado. Todo de conformidad con el .....