Ahora bien, en el caso de autos debe señalarse que desde el día 19 de enero de 2012, fecha en la que el apoderado de la parte actora solicitó carteles de citación, hasta la presente fecha, ha transcurrido mas de un (01) año, sin que la parte actora haya realizado ningún acto de procedimiento, a los fines de lograr la citación de la parte demandada, por lo que no ha cumplido con su obligación de impulsar el proceso; todo lo anterior es traducido en inactividad procesal dentro de los preceptos sancionatorios previstos en el anteriormente trascrito Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, considerando este Tribunal que se da el mencionado presupuesto sancionatorio por inactividad de las partes, por lo que de conformidad con la referida normativa, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los Artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento C.....

SUSPENDE LA MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO, decretada por este Juzgado en fecha veinticinco (25) de Enero del dos mil uno (2001), y practicada en fecha veinticinco (25) de Febrero del dos mil tres (2003) por el Juzgado Segundo Ejecutor de Medidas de los Municipios Mariño, García, Maneiro, Villalba, Tubores y Península de Macanao de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA LA SIGUIENTE MEDIDA CAUTELAR: PRIMERO: SE DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR. SEGUNDO: Para garantizar la ejecución y cumplimiento de la presente decisión, se ordena librar el oficio correspondiente, en virtud de la solicitud realizada en autos. TERCERO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.

En el caso que nos ocupa y de los recaudos acompañados a la solicitud, el Tribunal observa que se indicó la existencia de un niño de nombre ELIAS ALEJANDRO ELALUF GONZALEZ de 13 años de edad. Esa circunstancia evidencia que la interesada tiene un hijo menor de edad, motivo por el cual la pretensión que nos ocupa debe obtener la aprobación del Tribunal de Protección del Niño, Niña y del Adolescente. En consecuencia, el Tribunal se declara incompetente por la materia para el conocimiento de este asunto, y declina su conocimiento en un Tribunal de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial. Remítase el expediente junto con oficio. Cúmplase.

Por todas las consideraciones que han quedado expuestas, este Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la demanda por RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO, incoado por el ciudadano CIPRIANO VALENTIN MOSQUEDA BENAUCA, actuando en su propio nombre y representación, contra el ciudadano BERNARDO BACIN DÍAZ, todos suficientemente identificados en el texto del presente fallo. En virtud de la especial naturaleza de la presente Decisión, no hay condenatoria en costas. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente Decisión en el copiador de Sentencias del Tribunal, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en la ciudad de.....

En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: LA REPOSICIÓN DE LA CAUSA solicitada por la Procuraduría General de la República en el Recurso de Nulidad, interpuesto por BANCO PROVINCIAL, BANCO UNIVERSAL, S.A. contra la Providencia Administrativa N° 00337-11 dictada en fecha veinte (20) de diciembre de 2011, al estado de notificar del recurso de nulidad a la Procuraduría General de la República, en los términos expuestos en la parte motiva del presente fallo. SEGUNDO: Dada la naturaleza de la presente decisión, no hay expresa condenatoria en costas.

Pues bien, visto lo expuesto por los presentes este Juzgado Trigésimo Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, por cuanto la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables de la parte accionante, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada. Asimismo se ordena la entrega de los escritos de pruebas consignados en la Audiencia Preliminar por las partes, con sus respectivos anexos, siendo que las partes declaran recibirlas en este mismo acto. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman.

se deja expresa constancia de que la parte actora no compareció a la realización de la Audiencia Preliminar, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO. PUBLIQUESE Y REGISTRESE LA PRESENTE DECISION. Años 153 ° y 202 °. El Juez Titular El Secretario Abg. Aníbal F. Abreu Portillo Abg. Héctor Mujica La Apoderada de la demandada:

DECISIÓN En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la causa interpuesta por el abogado MIGUEL EDUARDO ROMERO, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 110.620, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ ENRIQUE MARQUINA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-5.56.433, contra el INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA.

DECISIÓN En virtud de lo antes expuesto, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CONSUMADA LA PERENCIÓN Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la causa interpuesta por el abogado LARRY NELSON HERRERA, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 104.455, actuando en su carácter de apoderado judicial ciudadano JOSE RIVERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.798.654, contra el GOBIERNO DE DISTRITO CAPITAL