este Despacho Judicial a cargo de la Juez Unipersonal Nro. 11 del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA dicha SEPARACION DE CUERPOS, en los mismos términos, fines y condiciones por ellos convenidos, de conformidad con el artículo 189 del Código Civil, en concordancia con el Parágrafo Primero del artículo 762 del Código de Procedimiento Civil.

este Despacho Judicial a cargo de la Juez Unipersonal Nro. 11 del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA dicha SEPARACION DE CUERPOS, en los mismos términos, fines y condiciones por ellos convenidos, de conformidad con el artículo 189 del Código Civil, en concordancia con el Parágrafo Primero del artículo 762 del Código de Procedimiento Civil.

n el día de hoy 08/02/2010, se declaró como JUSTIFICATIVO DE UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del De cujus YAROL JOSE GONZALEZ SALAZAR, a sus hijos

En el día de hoy 08/02/2010, esta Sala de Juicio declaró como JUSTIFICATIVO DE UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS del De cujus MELVIN JOEL CONTRERAS ALARCON, a su hijo

Titulo de Unicos y Universales Herederos del causante José Eduardo Ruiz Fontalva.

En el día de hoy 08/02/2010, se RATIFICÓ la COLOCACIÓN FAMILIAR PROVISIONAL de conformidad con lo establecido en los artículos 126 literal "i" y 128 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, de las niñas SE OMITEN DATOS, en el hogar de su bisabuela materna ciudadana SUSANA ZHUNIO DE CUADRO, venezolana por naturalización, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.058.931.

Se dictó resolución mediante la cual se ratificó la Medida de Protección modalidad de Colocación Familiar en Familia Extendida a ejecutarse en el hogar de su tía abuela materna, la ciudadana MARIA GEORGINA TERAN, de nacionalidad venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-3.802.050, domiciliada en Segunda Calle El Triangulo, Casa N° 70, Los Rosales, Parroquia Santa Rosalía, Caracas, todo de conformidad con lo previsto en los artículos 126 "literal" "i" y 128, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.-

Se dictó resolución mediante la cual se revoca la medida de protección consistente en colocación en la entidad de atención en la "Casa Hogar FUNDANA", dictada por este Tribunal en fecha 30/11/2006, y se dicta MEDIDA DE PROTECCION, a favor del niño SE OMITE LA IDENTIFICACION, consistente en el cuidado del hogar de los ciudadanos CERANI ELISA DURAN CUBIRO e ISAAC FELIPE TERAN CARRERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros V.-5.217.951 y V.- 3.807.471, respectivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 8 y 126, literal "c" en concordancia con el artículo 405 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente.-

ADMITE el recurso de casación, interpuesto contra la sentencia definitiva dictada por esta Alzada en fecha (25) de noviembre de dos mil nueve (2009).

En consecuencia por las razones antes expuestas, observa este Juzgado que si bien es cierto, las normas antes transcritas establecen el derecho del actor a solicitar medida, no es menos cierto que, para que una medida preventiva pueda ser acordada, tiene que existir una prueba fehaciente de la existencia del fundado temor que la parte alega, y de una verdadera y real justificación conforme lo disponen las referidas normativas legales, ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, si de los alegatos y medios de prueba traídos a los autos por la parte actora se verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas. Atendiendo a lo antes razonado, vistos los alegatos esgrimidos por la parte actora y dado que la documentación consignada por ésta cumple con las formalidades establecidas en la ley procesal civil vigente,.....