Esta Juez Unipersonal N° XIV de la Sala de Juicio del Circuito del Tribunal de Protección del Niño, Niña y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, procede a hacer la aclaratoria, conforme a lo establecido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil: "Respecto a la Responsabilidad de Crianza de los niños (Se omite su identificación conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente) ambos apellidos XXXX, será ejercida por ambos padres, respecto a la Custodia será ejercida por la madre MARCELA ROSANA FERRARI ORTIZ". Téngase la presente como parte accesoria de la sentencia de fecha 16 de junio de 2009. Cúmplase.-

PRIMERO: Declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Angel Díaz, en su condición de Fiscal Sexagésimo Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Décimo Octavo de Primera Instancia en función de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 2 de julio de 2009, mediante la cual dictó en contra de los imputados Rafael Lara Varela y Bertha Rondón Valdivia, medida cautelar sustitutiva de libertad previstas en los ordinales 3º y 8º del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se decreta Medida Privativa de Libertad en contra de los ciudadanos Rafael Lara Varela y Bertha Rondón Saldivia, de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 1º, 2º y 3º del artículo 250 y el parágrafo primero del artículo 251, ambos del Código Orgánico Procesal Penal y cuya ejecución corresponderá al Tribunal de Control que actualmente conoce de la presente causa. .....

DISPOSITIVA Por las razones antes expuestas, esta Sala Cinco de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ADMITE el Recurso de Apelación interpuesto por la Doctora SONIA DOMMAR PELLICER, Defensora Pública Septuagésima Tercera Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de Defensora del ciudadano RICHARD JOSÉ CAMACARO PACHECO, en contra de la Decisión dictada por el Juzgado Trigésimo Tercero de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, a cargo de la Doctora KARLA TORRES LARA, en fecha 28/05/2009, cuyo texto fue publicado en fecha 01/06/09, mediante la cual le decretó Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad, de conformidad con lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250, numerales 2 y 3 del artículo 251 y el numeral 2 del artículo 252, todos .....

Por las razones que anteceden, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: 1. Declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Ismael Silvestre Casquetia Córdova, en su carácter de defensor privado del penado Jonnathan Antonio Barreto Colmenares, contra la decisión del 18 de mayo de 2009, dictada por el Tribunal Décimo Cuarto de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. 2), Se confirma el fallo impugnado

declara CON LUGAR, la inhibición planteada por la ciudadana ALEGRIA LILIAN BELILTY BENGUIGUI, en su condición de Juez Integrante de la Sala Diez de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 01 de Julio de 2009, fundamentada en los artículos 86 ordinal 8º y 87 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, relacionada con la causa distinguida bajo el Nº 10As 2467-09 (nomenclatura de esta Sala), seguida en contra de los ciudadanos JUAN CARLOS ESCOTET, IVÁN ENRIQUE KARTING VILLEGAS, FRANCISCO DE JESÚS HURTADO VEZGA, MARÍA ALEJANDRA MATA DE BARRIOS, MIGUEL PECEÑO, ANGÉLICA JOSEFINA PÉREZ Y ZULY RODRÍGUEZ, por la presunta comisión de los delitos de USURA Y CARTELIZACIÓN DE INTERÉSES, CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, AGAVILLAMIENTO, INSTIGACIÓN A DELINQUIR, FRAUDE Y ESTAFA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN GRAVE DE DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES.

DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Felix Antonio Bravo Mayol, Defensor de la ciudadana Olga Esther Benítes Medrano y en consecuencia CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 20 de mayo de 2009, en virtud de la cual declaró Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de la prenombrada ciudadana por la presunta comisión del delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado en el último aparte del artículo 464 del Código Penal vigente para el momento de los hechos en concordancia con los artículos 250, numerales 1º, 2º y 3º; 251, ordinales 3º y 5º y 252.2º, todos del Código Orgánico Procesal Penal

IV DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide y declara: ¿ Parcialmente Con Lugar la querella funcionarial por diferencia de prestaciones sociales interpuesta por el abogado Stalin A. Rodríguez S., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 58.650, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos LAURA CECILIA VIVAS DE DURAN, JULIO ANTONIO DURAN VIVAS, CESSILY DURAN VIVAS, titulares de las cedulas de identidad Nº 4.431.276, 16.405.910, 18.836138 en contra del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN. ¿ Se niega el reintegro de la cantidad de Bs. F 150,00 por descuento doble, y la cantidad por Bs. F. 1.138,10 por concepto de Anticipos de Prestaciones, descontado indebidamente. ¿ Se ordena el pago por concepto de los intereses moratorios pr.....

De acuerdo con lo anteriormente expresado y por cuanto han transcurrido en el presente juicio, más de treinta (30) días, sin que exista constancia en autos que la parte actora haya dado cumplimiento alguno a una de las obligaciones que le impone la Ley para lograr la citación de la parte demandada, es por lo que de conformidad con la norma citada, el término de perención está totalmente consumado. Todo lo anterior, es traducido en inactividad procesal, dentro de los preceptos sancionatorios previstos en el trascrito artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que de conformidad con la referida normativa, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, se declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio, produciéndose los efectos establecidos en los artículos 270 y 271 del Código de Procedimiento Civil..-

Decreto de prohibición de enajenar y gravar bienes de la comunidad que se indican.

Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, admite a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público 4 de Adolescentes, y su procedencia será resuelta dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación del presente auto, tal como lo establece el artículo 450 tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal.