AP41-U-2012-000467.- DISTRIBUIDORA PROVEAUTO DE VENEZUELA, S.A.- Se dictó Sentencia Definitiva Nº PJ0082014000191, mediante la cual se declaró PARCIALMENTE CON LUGAR, el Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la ciudadana María Fernanda Gutiérrez B., venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.313.397, actuando en su carácter de Vice-Presidente de la recurrente, "DISTRIBUIDORA PROVEAUTO DE VENEZUELA, S.A.", asistida por las abogadas en ejercicio Myriam Reveca Bolívar y Sarai Alejandra Martínez Barrientos, inscritas en el INPREABOGADO bajo los Nos. 54.337 y 80.525, respectivamente.

La doctrina ha señalado en diversas ocasiones con respecto al periculum in mora, que el mismo es entendido como el simple retardo del proceso judicial, además este requisito determina una serie de hechos objetivos, aún apreciables por terceros, que producen una presunción de la necesidad de las medidas preventivas y que tienen como fin, evitar que la ejecución del fallo quede ilusoria. Así las cosas, este sentenciador observa que en el caso de autos al estar fundada la pretensión en un contrato de contragarantía, ya analizado, quedó demostrado dicho requisito, dado el tiempo transcurrido de la celebración de la relación contractual y con el hecho cierto que la República ya demando la ejecución de la fianzas otorgadas por la hoy actora, como se evidencia de las actuaciones procesales seguidas por la ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, reconocidas por las partes y ya analizadas, por lo tanto, se encuentran llenos los extremos de ley para el decreto y .....

Ahora bien, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, NIEGA la solicitud de prohibición de enajenar y gravar sobre las bienhecurías descritas en el capítulo anterior, así como improcedente la medida innominada referente a la designación de un veedor, planteadas por la parte actora en el escrito de reforma de la demanda y mediante diligencia de fecha 2 de julio de 2014, por cuanto de la revisión de los documentos acompañados a la demanda, no se desprende la presunción grave del Derecho que se reclama. Así se decide.-

Asimismo, el Tribunal observa que el artículo 587 del Código de Procedimiento Civil, dice: "Ninguna de las medidas de que trate este Título podrá ejecutarse sino sobre bienes que sean propiedad de aquél contra quien se libren..." Asimismo, la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia emanada de la Sala de Casación Civil, de fecha 09 de Febrero de 1994, con ponencia del Magistrado Dr. Alirio Abreu Burelli, establece lo que a continuación se transcribe: "... tal disposición tiene su razón de ser en el principio de la relatividad de la cosa juzgada, según el cual lo decidido en un proceso solo es vinculante para las partes en litigio no pudiendo aprovechar ni perjudicar a los terceros..." En el caso que nos ocupa, no observa éste Tribunal que existe en este estado y grado del proceso, elementos suficientes de prueba que permita demostrar en este caso la existencia de peligro manifiesto de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, igualmente se ha demostrado la presunció.....

se HOMOLOGO el Convenimiento de Fijación de Régimen de Convivencia Familiar que antecede, presentada por la Abg. CELIA VIRGINIA MENDOZA RODRIGUEZ, en su carácter de Fiscal Centésima Quinta (105°) del Ministerio Público, actuando en defensa de los derechos, garantías e interés superior de la niña de siete (07) años de edad, a petición de los ciudadanos DASSHA YUHANNYMAR PINTO ALVARADO y LUIS ENRIQUE TERAN RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.688.943 y V-10.527.787, respectivamente

se HOMOLOGO el Convenimiento de Fijación de Régimen de Convivencia Familiar que antecede, presentada por el Abg. TOMAS ENRIQUE GUITE ANDRADE, en su carácter de Fiscal Nonagésimo Tercero (93°) del Ministerio Público, actuando en defensa de los derechos, garantías e interés superior de la niña, de cuatro (04) años de edad, a petición de los ciudadanos ALEX ARGENIS BENITEZ PEREZ y BITZABETH MILEIDY VAZQUEZ ARVELO, venezolanos y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-12.498.358 y V-16.577.102, respectivamente

se HOMOLOGO el Convenimiento de Fijación de Régimen de Convivencia Familiar que antecede, presentada por el Abg. GERARDO ENRIQUE SALAS, en su carácter de Fiscal Centésimo Décimo (110°) del Ministerio Público, actuando en defensa de los derechos, garantías e interés superior del niño, de siete (07) años de edad, a petición de los ciudadanos YADITH YARLEY PARADA GUERRERO y JULIO CESAR MARTINEZ ALBUNAS, titulares de las cédulas de identidad Nros. E-84.395.372 y V-14.494.461, respectivamente

se HOMOLOGO el Convenimiento de Fijación de Régimen de Convivencia Familiar que antecede, presentada por el Abg. GERARDO ENRIQUE SALAS, en su carácter de Fiscal Centésimo Décimo (110°) del Ministerio Público, actuando en defensa de los derechos, garantías e interés superior del niño, de tres (03) años de edad, a petición de los ciudadanos INDIRA TAIRETH VILLASMIL VARGAS y LUIS ENRIQUE HERRERA SUCRE, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-14.680.838 y V-14.130.682, respectivamente

Por las razones de hecho y de derecho precedentes, este Juzgado Noveno Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la demanda contencioso administrativa, incoada por la sociedad mercantil CORPORACION DIGITEL, C.A., en contra del acto administrativo de efectos particulares contenido en la Certificación N° 0284-2009, de fecha 09 de octubre de 2009, emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), a través de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES MIRANDA (DIRESAT-MIRANDA), mediante la cual se calificó el origen ocupacional de la enfermedad padecida por la ciudadana MARIA ANGELICA CARDENAS, titular de la cédula de identidad No. 10.810.518. SEGUNDO: Se ordena la notificación de la parte recurrente de la presente decisión.

DECISIÓN Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Décimo Octavo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ORDENA la continuación del procedimiento de ejecución forzosa. En consecuencia: 1°. DECRETA EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes propiedad de la demandada Instituto Autónomo de Seguridad Ciudadana y Transporte (INSETRA), que no estén afectados a la prestación de un servicio público o cualquier otra actividad de utilidad pública, sobre los cuales podría recaer el embargo ejecutivo, hasta por la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO BOLIVARES CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 279.748,46). 2°. ORDENA a la parte actora, abogada Lisset Puga, indicar los bienes propiedad de la demandada, no afectados a la prestación de un servicio .....