Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano ANTÓN ADRIÁN BOSTJANCIC PROSEN, asistido por los abogados JUAN CARLOS GUTIÉRREZ, CLAUDIA MÚJICA AÑEZ, ORLANDO COLMENARES TABARES, ALBERTO YÉPEZ DE DOMINICIS y NANCY GRANADILLO, todos suficientemente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución No.783 de fecha 13 septiembre de 2004, dictado por el ciudadano Fiscal General de la República.

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela por autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano SABINO MONTRONE DI GENNARO, representado por su apoderado judicial Fidel Alejandro Montañez Pastor, plenamente identificados en el encabezamiento de la presente decisión, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución N° 635 de fecha 30 de agosto de 2004, dictado por el Fiscal General de la República.

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano ARTURO DEL CASTILLO, titular de la cédula de identidad Nº 6.254.696, asistido por el profesional del derecho, abogado MARCOS JURADO-BLANCO, inscrito en el Inpreabogado bajo el No.16.312, contra la INSTITUTO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE TRANSPORTE Y ESTRATEGIA SUPERFICIAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA.

IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar solicitada de manera conjunta con el recurso contencioso-administrativo por el abogado Pedro José Uriola, procediendo en su carácter de apoderado judicial de la empresa CONSTRUCTORA JEMYNEM, C. A.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por el abogado Stefano D¿Azzo Maniscalco, actuando como apoderado judicial de la ciudadana MARIANTONIA MANISCALCO DE D¿AZZO, contra el Decreto N° 000157, dictado en fecha 24 de enero de 2006, por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas.

CON LUGAR, LA INHIBICIÓN planteada en fecha 01º de Noviembre del 2006, por el Juez del Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Dr. JOSE DANIEL PEREIRA MEDINA. Remítase el presente expediente anexo a oficio al Tribunal de Origen.- Déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias llevado por este Juzgado Superior.

DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR LA PRESCRIPCIÓN de la acción, opuesta como defensa previa por la representación judicial de la demandada, y como consecuencia de ello, SIN LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano REYES ALBERTO TORRELLES GONZÁLEZ, en contra de la Sociedad Mercantil COLECTIVOS BRIPAZ C. A., plenamente identificados en autos. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

Por los razonamientos y consideraciones expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la defensa de Prescripción opuesta por la demandada y consecuencialmente SIN LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano GUSTAVO ECHEVERRÍA contra el INSTITUTO AUTÓNOMO CIRCULO DE LAS FUERZAS ARMADAS. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL REGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano PORFIRIO JOSE MARTINEZ QUEVEDO, contra la demandada BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA C.A. SEGUNDO: No hay condenatoria en consta según lo estipulado en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Segundo para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación opuesta por la parte demandada contra la sentencia de fecha 14 de Junio de 2005, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Laboral Transitorio del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano Edgar Pire Vera contra la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.), en consecuencia, se ordena a la demandada a pagar al accionante 20 salarios básicos por un total de Bs.25.918.000,00, con fundamento en un salario básico mensual de Bs. 1.295.900,00. TERCERO: SE ORDENA la designación de un solo experto, cuyos honorarios correrán por cuenta de la demandada, a .....