Homologada transacción

PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en la Oferta Real de Pago presenta por la parte oferente empresa JAP INGENIEROS CONSULTORES, S.A, a favor del ciudadano oferido CARLOS JOSE CALDERON TORTOZA; titular de la cédula de identidad Nº V-11.638.425. SEGUNDO: Visto que la presente causa se encuentra paralizada, se ordena la notificación de la parte oferente empresa JAP INGENIEROS CONSULTORES, S.A, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente por permitirlo así el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y una vez conste en autos la consignación del Alguacil de haber practicado la notificación, al día hábil siguiente comenzarán a computarse diez (10) días hábiles finalizados éstos se considerará la parte a derecho

este Juzgado Séptimo de Primera instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución, tan solo HOMOLOGA el acuerdo de pago suscrito por las partes, en el sentido de que se deja constancia de la cantidad recibida por el extrabajador (oferido) de CINCUENTA MIL CON OO/OO CENTIMOS (BS. 50.000,00). Hecha por la empresa (oferente), se dará por terminado el presente asunto una vez vencido el lapso de cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación del presente auto. Queda a salvo favor del extrabajador cualquier diferencia que considere que exista por sus derechos laborales pudiendo acudir a la vía ordinaria laboral. Así mismo, la empresa oferente podrá oponer al oferido el presente pago, cuando lo considere oportuno. Así se decide.- El Juez El Secretario Abg. Diego Antonio Araujo Aguilar Abg. Mario Colombo

Con base a las consideraciones anteriormente expresadas, y al tratarse de una solicitud cuya génesis es de carácter graciosa, donde no se dirimen conflictos intersubjectivos, lo ajustado a derecho es declarar IMPROPONIBLE la referida SOLICITUD. Y así se establece. El Juez El Secretario Abg. Diego Antonio Araujo Aguilar Abg. Mario Colombo

este Juzgado visto que la transacción no vulnera normas de orden público ni derechos irrenunciables de los trabajadores, la homologa, dándole efecto de cosa juzgada. LA JUEZ NEREIDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ EL SECRETARIO MARCIAL MECIA

Por todo lo antes expuesto, este Juzgado Décimo Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, declara que DECLINA LA COMPETENCIA para conocer el presente juicio ante el Juzgado del Municipio Diego Bautista Urbaneja de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, al cual se ordena remitir el presente expediente mediante oficio que al efecto se ordena librar. Cúmplase.-

En virtud de los razonamientos anteriormente expuesto, este Juzgado Octavo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación de al parte recurrente en contra de la decisión de fecha 25/02/2013 dictado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Trabajo. SEGUNDO: Se ratifica la decisión recurrida; TERCERO: Se declara Inadmisible la solicitud de nulidad interpuesta por SEGUROS CONSTITUCION C.A., contra la Providencia Administrativa N° 061-12, de fecha 31 de enero de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo en el Este del Área Metropolitana de Caracas. CUARTO: Se condena en costa a la parte recurrente en virtud de lo establecido en el artículo 60 de la LOTRA Se ordena notificar de la presente decisión a la Procuraduría General de la República.

Se HOMOLOGA el Convenimiento de Régimen de Convivencia Familiar, suscrito por los progenitores del niño de marras, en fecha 13/06/2013, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 387 y 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, indicándosele a las partes que dicha homologación tiene fuerza ejecutiva.

En virtud a los razonamientos antes expuestos este Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda que por cumplimiento de contrato intentó MANUEL VITOS DE BRITES contra FRANCISCO JOSE MORATINOS, en consecuencia se condena a la parte demandada a cumplir con el contrato de arrendamiento que le vincula a la parte actora y como consecuencia de ello, deberá entregar a la parte actora el apartamento distinguido con el Nº 21, ubicado en el piso 2 del Edificio COMARCA V, situado en la Avenida Yuruari, Urbanización El Marqués, Municipio Sucre del Estado Miranda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil se condena en costas a la parte demandada.

DECISIÓN En merito de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada por el abogado Franklin José Antuarez Rodriguez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el 166.792, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano WILLIAM ANTONIO ANTUARES RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 9.933.306, en el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial incoado conjuntamente con Medida de Suspensión de Efectos contra el Acto Administrativo de fecha 22 de septiembre de 2006, emitido por el Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Publíquese y regístrese. Dada, firmada y sellada en el despacho del Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital con Sede en Caracas, en Caracas a los dieciocho (18) días.....