Se dictó y publicó sentencia definitiva mediante la cual se declaró con lugar la demanda que por TACHA DE DOCUMENTO PUBLICO POR VIA PRINCIPAL incoara LUIS TABOADA FERNANDEZ en contra de las ciudadanas EDITH MARÍA GONZALEZ RODRIGUEZ, ANGELINA CABRERA HERNANDEZ y VICTORIA ANGELINA RINCON CABRERA. En consecuencia, se declaró la falsedad y nulidad absoluta del documento PODER GENERAL que fuera otorgado por el ciudadano Luís Taboada Fernández a la ciudadana Edith María González Rodríguez, asentado por ante la Notaría Pública Trigésima Sexta del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha 20 de agosto de 2009, inserto bajo el Nº 77, tomo 108, de los libros llevados por esa Notaría. Se condenó en costas a la parte demandada.-

En relación con las documentales promovidas por la parte recurrente en su escrito de pruebas, marcadas Anexos "F1", "F2", "F3" y "F4", se admiten cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, por no ser las mismas manifiestamente ilegales ni impertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 429 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, asimismo en lo que respecta a las documentales marcadas Anexos "B", "C", "D" y "E", del mencionado escrito, las cuales se encuentran agregadas en el escrito libelar este Juzgado señala que las mismas no son objeto de promoción, toda vez que el Juez está obligado de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, a analizar todo lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos.

este Juzgado Vigésimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, HOMOLOGA la partición amistosa en los términos y condiciones expuestas por los solicitantes, y de conformidad con lo establecido en los artículos 255, 256 y 788 del Código de Procedimiento Civil, la declara como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Finalmente, visto que en el escrito transaccional, las partes mediante recíprocas concesiones, acordaron el pago de la cantidad de DIEZ MIL BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.10.000,00), los cuales recibe la parte actora mediante cheque Nº S-92-08420807, perteneciente a la cuenta Nº 0102-0284-16-0000006538, del Banco de Venezuela. Es por lo que este Juzgado de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo (aún vigente), el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, así como lo artículo 257, 258, numeral 2 del articulo 89 todos de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, acuerda impartirle la HOMOLOGACIÓN a dicha transacción en los términos en que fue expuesta. Así se decide. El Juez

En mérito de lo anterior, este Juzgado Superior Séptimo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara SIN LUGAR, la presente querella funcionarial incoada por el ciudadano, José Alejandro Campos Malaspina, venezolano, mayor de edad, domiciliado en el Estado Vargas y titular de la cédula de identidad número V- 6.888.035, representado judicialmente por el ciudadano Jesús Castellano, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 42.051, contra la Contraloría Municipal del Municipio Vargas del Estado Vargas.

Este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE el Recurso de Nulidad por Abstención Carencia por la parte recurrente ORLANDO VASQUEZ GARCIA en contra del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.-SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay condenatoria en costas.- Se ordena la notificación de la referida decisión al Procurador General de la República. Se ordena la publicación de la presente sentencia en la página electrónica del Tribunal Supremo de Justicia en el sitio denominado Regiones Área Metropolitana de Caracas http://caracas.tsj.gov.ve/. Y ASÍ SE ESTABLECE.-

III DECISIÓN Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SU INCOMPETENCIA para conocer, en primer grado de jurisdicción, de la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano CARLOS ERNESTO GAMEZ ORTEGA, asistido por la abogada Yogly Thomas, antes identificada, contra el acto administrativo de fecha 27 de marzo de 2014, emanado de la Oficina de Auditoría Interna del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto en fecha 10 de marzo de 2014, en contra del acto administrativo de fecha 4 de febrero de 2014, que estableció la responsabilidad administrativa, le formuló reparo resarcitorio por la cantidad de cuatro mil ochocientos setenta y seis bolívares con treinta y siete céntimos (Bs.4.876.....

Habida cuenta que el presente auto ha sido proferido fuera del lapso legal correspondiente, se ordena su notificación a las partes. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil.

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, por los conceptos y montos desglosados

este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Area Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, por los conceptos y montos desglosados