Primero: Declarar Parcialmente con Lugar el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial (Remoción - Retiro), interpuesto por la abogada Ingrid Zuleima Castro Aldana, actuando en su carácter de coapoderada judicial del ciudadano Elio Augusto Alfaro Rodríguez, ut supra identificados, contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.), adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. Segundo: Declarar la Nulidad Absoluta del acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución DGRHAP- RC Nº 008051, fechada tres (3) de junio de dos mil ocho (2008), suscrita por el Presidente del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (I.V.S.S), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 eiusdem, en concordancia con los numerales 1 y 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, tal como se hará constar en el dispositivo del presente fallo.

Primero: Declara incompetencia para sustanciar y pronunciarse en relación con la amparo constitucional (autónomo) presentada en fecha 22 de abril de 2010, ante el Juzgado Superior (Distribuidor) Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, por la ciudadana Yelitza Aquino, titular de la cédula de identidad Nº 11.821.867, asistida por el profesional del derecho Carlos Andrés Amador, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 101.891, contra el Ministerio del Poder Popular para la Educación, en virtud de lo que considera una vía de hecho contenida en el Memorando número 000178, dirigido a la Jefa de División de Nómina en la cual se ordena la afinación automática del personal adscrito al Ministerio accionado a al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (IPASME), lo que conlleva un descuento de seis por ciento (6%) del sueldo de los referidos trabajadores; causa ésta recibida en este Tribuna.....

Vista el escrito recursivo presentado en fecha 22 de Abril de 2010, por ante este Juzgado Superior (actuando en sede Distribuidora) de los Juzgados Superiores Contenciosos Administrativos de esta Región Capital, contentivo de RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FUNCIONARIAL (COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES), incoado por la ciudadana NILDRED MARLENE DAS FONTES CARRERO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 13.864.508, inscrita en el inpreabogado bajo el N° 95.610, actuando en su nombre propio y representación, en contra del DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA, recibido en este Tribunal en esta misma fecha, se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el articulo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por no estar incurso en las causales de inadmisibilidad contenidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Visto el escrito recursivo presentado en fecha 22 de abril de 2010, por ante el Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, actuando como Sede Distribuidora de Turno de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de la Región Capital, interpuesto por el profesional del derecho Rigoberto L. Zabala G., inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A) bajo el Nº 34.406, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Yuraima Rivero Espinoza, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.177.474, contra el Instituto de Vivienda y Hábitat del Estado Bolivariano de Miranda, recibido en este Tribunal en esa misma fecha; se admite cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo previsto en el articulo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por no estar incurso en las causales de inadmisibilidad contenidas en el quinto aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia

Primero: Impartirle homologación al desistimiento efectuado por el abogado IGNACIO PONTE BRANT, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 3.663.463 inscrito en el inpreabogado bajo el N° 14.522, actuando con el carácter de apoderado judicial de "DEL SUR BANCO UNIVERSAL" (Parte accionante), según escrito presentado en fecha 22/04/2010, con respecto al presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto conjuntamente con Solicitud de Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, incoado en contra de la INSPECTORIA DEL TRABAJO "JOSE RAFAEL NUÑEZ TENORIO" CON SEDE EN GUATIRE, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, el cual alcanza sólo el procedimiento conforme a lo explanado en la motiva del presente fallo. Segundo: Decisión que se dicta con fundamento a lo previsto en los artículos 154, 263, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en forma supletoria

Único: Instar a la parte recurrente a que facilite los medios del alguacil para que practique las notificaciones pendientes a los fines que el Inspector del Trabajo remita los antecedentes del caso o en su defecto, sea el propio recurrente quien lo consigne en autos en copia debidamente certificada.