PRIMERO: SU INCOMPETENCIA para conocer de la presente Solicitud de Divorcio 185-A presentada por los ciudadanos Mireya Agra de Mesa y Alberto Omar Mesa Luciani, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V- 4.437.954 y V-1.728.755, respectivamente, en virtud de la Resolución Nº 2009-0006 de fecha 18 de Marzo de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.152 de fecha 02 de abril de 2009. SEGUNDO: Se DECLINA LA COMPETENCIA EN RAZÓN DE LA MATERIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, de la Resolución Nº 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, antes referida.

Por las razones antes expuestas, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: HOMOLOGADA la transacción judicial realizada por el abogado JOSÉ GETULIO SALAVERRÍA LANDER, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora MERCANTIL, C.A., BANCO UNIVERSAL, y los ciudadanos MARCELO ANTONIO CLAVAUD LUNA y GEORGES ROGER CLAVAUD LUNA por sí y en representación de la Sociedad Mercantil FRIGORÍFICO CANAMAR, C.A (FRICANACA), y las ciudadanas FELICIA JOSEFINA GASPAR DE CLAVAUD y GINETTE MERCEDES GUEVARA DE CLAVAUD, de conformidad con lo establecido en los artículos 263 Y 264 del Código de Procedimiento Civil, por no ser contrario a derecho, al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, versa sobre derechos disponibles y no afecta a terceros beneficiarios de la Ley de Tierr.....

En merito de las anteriores consideraciones, este Juez Unipersonal XII de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda de Revisión Obligación de manutención incoada por la ciudadana Luisany Oriana Torrealba León, quien actuó en nombre y representación de su hijo, en consecuencia se fija como obligación de manutención que debe suministrar el ciudadano Norbert Alfredo Saavedra Rivera, titular de la cédula de identidad Nº V-12.671.211, a su hijo, el equivalente al 41.37 % del Salario Mínimo Urbano, es decir la cantidad de Cuatrocientos Bolívares con Ocho Céntimos (Bs. 400, 08), tomando como base el salario mínimo el cual para la fecha es de Ochocientos Setenta y Nueve Bolívares con Treinta Céntimos (Bs. F, 967,07), según Decreto No. 6.660, formulado por el ejecutivo .....

En virtud de las anteriores consideraciones, este Despacho Judicial, a cargo de la Juez Unipersonal Nº 11 de la Sala de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la demanda Obligación de Manutención, intentada por la ciudadana LOYDA LETICIA LEON LEON, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-6.835.894, progenitora de los niños (...), nacidos en fecha 21 de junio de 1997 y 10 de mayo de 2001, actualmente de 12 y 08 años de edad, contra el ciudadano RICHARD LOREN BLANCO PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.161.117.

En tal sentido, quien suscribe, vista la presente transacción, suscrita por las partes anteriormente identificados actuando en su carácter de parte actora y en su carácter de parte demandada, luego de examinar el contenido de la presente Transacción celebrada, constatado que no se vulneran normas de orden público ni derechos irrenunciables de los trabajadores, y verificando la facultad para transar de ambas representaciones, procede de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia, con los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y en virtud de que es un medio de auto composición procesal consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 258, se procede a impartir su HOMOLOGACION, DANDOLE EFECTOS DE COSA JUZGADA, a tal efecto, se ordenara el cierre y archivo del expediente, así como su cierre informático una vez que conste en autos prueba de haberse cum.....

En tal sentido, quien suscribe, visto el pago aquí efectuado por con ocasión a la sentencia condenatoria de la presente causa, acordado por las partes anteriormente identificados actuando en su carácter de parte actora y en su carácter de parte demandada, luego de examinar el contenido de la presente acuerdo celebrado, constatado que no se vulneran normas de orden público ni derechos irrenunciables de los trabajadores, y verificando la facultad para transar de ambas representaciones, procede de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia, con los artículos 9 y 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo y en virtud de que es un medio de auto composición procesal consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 258, se procede a impartir su HOMOLOGACION, a tal efecto, se ordenara el cierre y archivo del expediente, así como su cierre informático una vez que conste en.....

/En el día de hoy 23/09/2009 se declaró PERECIDA LA INSTANCIA y extinguido presente proceso, ordenando el CIERRE Y ARCHIVO del presente asunto.

(...) Con relación a la Prueba de Informes promovida en el Capítulo III del escrito de promoción de pruebas con la finalidad de oficiar a la JUNTA DIRECTIVA de la empresa CENTRO SIMÓN BOLÍVAR, C.A., debe observar el Tribunal que a la luz de la norma del artículo 81 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la prueba de informes es un medio de prueba en virtud del cual, el Juez en su deber de escudriñar los hechos controvertidos, requiere de los entes públicos o privados que no sean parte en el proceso, informes sobre determinados hechos que les consten y sobre los cuales estos entes han desarrollado su actividad o han emitido o pueden emitir criterios técnicos o no, pero propios del ente que no es parte en el proceso, es decir, exige la norma adjetiva in comento como requisito fundamental de la referida prueba que los entes (públicos o privados) a los cuales se requerirá la información no sean parte en el proceso. Realizada tal consideración, debe observarse que efectivamente solic.....

(...) En cuanto al mérito favorable de autos promovido en el Capítulo I del escrito de promoción de pruebas, el Tribunal lo admite en cuanto ha lugar en derecho. ASÍ SE ESTABLECE. (...)

"...Vista la manifestación de las partes y muy especialmente la solicitud realizada por la parte ejecutante, este Tribunal se abstiene de ejecutar el embargo ejecutivo contenido en la comisión. Asimismo, se ordena agregar como parte integrante de la presente acta, el formato de Inventario Físico de Bienes Embargados, constante de tres (03) folio útiles".