SE DECRETA LA INTERDICCIÓN CIVIL de la ciudadana IVONNE DEL SOCORRO COVA MADURO, titular de la Cédula de Identidad N° 2.085.313, SEGUNDO: Se designa TUTORA DEFINITIVA A LA CIUDADANA GLADYS MARGARITA COVA MADURO, titular de la Cédula de Identidad N° 332.021. TERCERO: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 736 del Código de Procedimiento Civil, consúltese la presente sentencia con el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

Ahora bien, se observa que el caso de marras se subsume a los supuestos de hecho establecidos en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley parcialmente transcrito, por ser el inmueble dado en Arrendamiento, un inmueble destinado a vivienda, razón por la cual, este órgano administrador de justicia y, siendo que el Juez de conformidad con lo establecido en el articulo 14 del Código de Procedimiento Civil, es el director del proceso, en estricto apego al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, dictado en fecha 05 de mayo de 2011, el cual entró en vigencia con su respectiva publicación en Gaceta Oficial Nº 39.668, en fecha 06 de mayo de 2011, dispone lo siguiente: PRIMERO: Se SUSPENDE el presente juicio hasta tanto las partes que en el intervienen, acrediten haber cumplido el procedimiento especial previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas. SEGU.....

Se dictó Resolución mediante la cual se declara DESISTIDA, la oposición a las Medidas dictadas por este Tribunal en fecha 17/07/2013, en consecuencia RATIFICA, la MEDIDA DE REGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR PROVISIONAL, SUPERVISADO Y PROGRESIVO, a favor de la niña SE OMITE LA IDENTIFICACIÓN, mientras dure el juicio, para que comparta el progenitor ciudadano EDINSON JORGE JORGEZ GODOY, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V.- 6.173.021. Y ASÍ SE DECIDE.

este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la pretensión contenida en la demanda de reivindicación incoada por el ciudadano HUGO JOSÉ ROMERO TABARES en contra de la ciudadana BLANCA REBECA CORREA MONTAÑEZ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena a la parte actora al pago de las costas procesales, por haber resultado totalmente.

Se declaró la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA.

on base a los razonamientos antes expuestos este JUZGADO DÉCIMO (10°) DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de La Ley Declara: Primero: INCOMPETENCIA POR EL TERRITORIO en el recurso de nulidad interpuesto por EMIL RICAUTER VILLALOBOS SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro.13.870.866 contra la Providencia Administrativa de fecha 28 de mayo de 2004 en el expediente 397-2002 la cual dictó la Inspectoría del Trabajo del Estado Aragua, con sede en Maracay, Estado Aragua, la cual declaró sin lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos interpuesta por Emil Villalobos contra Elecentro – Corpoelec. Segundo: SE DECLINA LA COMPETENCIA a los Tribunales de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción del Estado Aragua, con sede en Maracay. Tercero: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

De las normas jurídicas transcritas el legislador dejo plenamente establecido los requisitos esenciales, que facultan al Juez para decretar o negar medidas preventivas tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, del estudio de las actas que conforman el presente expediente, no se constata prueba alguna que sea capaz de crear la convicción de la existencia del temor o el riesgo manifiesto de que pudiera quedar ilusoria la ejecución del fallo, requisito éste contenido en la norma para que opere la figura del "periculum in mora". En cuanto a la presunción grave del derecho que se reclama, es decir, al "fumus bonis iuris", tampoco existe en autos elemento alguno que pruebe fehacientemente dicha presunción. En consecuencia, al no cumplirse con los dos (2) requisitos concurrentes bajo los cuales se podría decretar la medida preventiva de embargo, este Tribunal niega el pedimento formulado por la parte actora. Y ASI SE ESTABLECE La Jueza El Secretario .....

Vista la diligencia suscrita en fecha 30 de octubre de 2013, por la abogada MILAGROS SILVA, inscrita en el Inprebogado bajo el Nº 78.702, en su condición de apoderado Judicial de la parte actora, mediante la cual solicita sea librada cartel de notificación vista de la imposibilidad de realizar la notificación a la parte demandada, ciudadanos JESÚS ENRIQUE FERRAS PONCE y CARLOS FERRAS PONCE. Este Tribunal acuerda lo solicitado de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil.-

En consecuencia, del análisis efectuado al fallo antes parcialmente transcrito, concluye este Jurisdicente que tal criterio sentado por el Tribunal Supremo de Justicia resulta aplicable al caso sub examine, siendo que a través de Providencia Administrativa N° FSAA-2-2-003453, de fecha 30 de agosto de 2013, emanada de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 40.248, de fecha 11 de septiembre de 2013, la Superintencia de la Actividad Aseguradora, decidió la intervención con cese de operaciones comerciales de la Empresa C.A. SEGUROS LA INTERNACIONAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley de la Actividad Aseguradora, nombrándose a tal efecto una Junta Interventora; y dicha empresa de seguros es parte demandada en la presente causa. Razón por la cual este órgano administrador de justicia en estricto apego a lo establecido en el artículo 101 de la Ley de la Actividad Aseguradora, de.....

De lo anteriormente expuesto se determina la IMPROCEDENCIA EN DERECHO de otorgar DECLARACIÓN DE UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA a favor de los ciudadanos RAFAEL ANTONIO PALOMO SOTO y HECTOR MANUEL PALOMO SOTO, titulares de las cédulas de identidad números V-12.912.635 y V- 13.140.599, respectivamente; mediante la cual solicitan sean declarados ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de los causantes ciudadanos HECTOR PALOMOS SALAZAR, ALAMA ELIANA SOTO DE PALOMO y RUBEN ALEJANDRO PALOMO SOTO, quienes fallecieron ab instestato en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, en fecha 18 de enero de 2002, 06 de abril de 2011 y 22 de noviembre de 2005, respectivamente. En consecuencia de lo ya señalado este Juzgado Décimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara Improcedente la presente solicitud. Y así se decide.-