D I S P O S I T I V A Por todas las razones antes expuestas, este Juzgado Undécimo de Ejecución del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el Beneficio DESTACAMENTO DE TRABAJO al penado CARREÑO PEREZ JULIO CESAR, titular de la Cedula de Identidad Nº 14.972.121, de conformidad con lo establecido en el artículo 512 del Código Orgánico Procesal Penal, por haber incumplido con las obligaciones impuestas. En consecuencia, notifíquese a las partes y a la División Nacional de Captura del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, anexándole Boleta de Encarcelación a nombre del antes mencionado penado, participando lo conducente.-

Por las razones anteriormente expuestas, este Circuito Judicial de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Juez Unipersonal Nº VII, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la CONVERSIÓN EN DIVORCIO de la separación de cuerpos y bienes que rige entre los ciudadanos GUSTAVO ENRIQUE MONSALVE MARIN y MILDRESS YOSELIN MAITIN CENTENO, ambos venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad números V.-10.543.131 y 11.305.544, respectivamente. En consecuencia, queda disuelto el vínculo matrimonial que los une, contraído por ellos en fecha 01-10-1994, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San José del Municipio Libertador del Distrito Federal (hoy Distrito Capital). En tal sentido se ordena: Conforme a la Ley, la Patria Potestad sobre los hijos habidos en el matrimonio, de nombres, será ejercida .....

Analizadas como han sido las actas que conforman la presente causa, y en virtud de la solicitud presentada, se declara DISUELTO POR DIVORCIO, el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos YONATHAN ANTONIO HERNANDEZ AMARO Y MARIELA JOSEFINA MUJICA, venezolanos mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 6.693.402 y V-11.818.166, respectivamente, contraído por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Paracotos del Estado Miranda, tal como consta de acta de matrimonio Nº 17 de esa misma fecha. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 351 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, la Patria Potestad del Adolescente será ejercida por ambos padres, de forma conjunta. De acuerdo a lo preceptuado en el artículo 360 de la Ley en mención, en relación a la Guarda del Adolescente de autos, la misma será ejercida por la madre, ciudadana, MARIELA JOSEFINA MUJICA en el lugar donde esta fije su residencia. Con rela.....

En consecuencia declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos ALEJANDRO DE JESÚS FONTALVO CASTRO Y SONIA YESENIA CORREA PÉREZ, previamente identificados, contraído por ante el Prefecto y Secretario del Municipio Autónomo Sucre del estado Miranda en fecha 14 de agosto de 2003, según acta Nº 219 de los Libros de Matrimonio llevados por esa Autoridad Civil. En cuanto a la niña, de dos (02) años de edad, habida del matrimonio, de conformidad en lo dispuesto en el artículo 349 de la Ley Orgánica para la Protección del niño y Adolescente, ambos padres ejercerán la Patria Potestad y su guarda será ejercida a plenitud por la progenitora. En cuanto al Régimen de Vistas y alimentos se le imparete la respectiva homologación al acuerdo suscrito por las partes en su escrito de solicitud, para lo cual se ordena forme un solo cuerpo con éste

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Quinto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana¬ de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la demanda, que por Desalojo incoara los Dres. ALEJANDRO LARES DIAZ y GABRIEL FALCONE actuando como apoderados judiciales de los ciudadanos ELENA PALMA DE GUEVARA, MANUEL PALMA CARRILLO, PEDRO AGUSTIN PALMA CARRILLO y FRANCISCO PALMA CARRILLO contra la ciudadana GLORIA ALONSO SANCHEZ todos plenamente identificados en el texto del presente fallo En consecuencia, se condena a la parte demandada: A desalojar el apartamento distinguido con el No. 172-B, del edificio denominado Residencias Avileña, situado entre las esquinas de Mercedes y Mijares de esta ciudad de Caracas, y a hacer entrega del mismo a la parte accionante libre de bienes y personas, y en las mismas condiciones que lo recibió. Se condena en costas a la parte demandada de conformida.....

Este tribunal NIEGA la Medida CAUTELAR INNOMINADA, solicitada por la parte actora.-

Se dictó resolución decretando la perención de la causa.

Se dictó resolución decretando perención de la causa.

DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la Solicitud de calificación de Despido, Reenganche y Pago de los Salarios Caídos incoada por la ciudadana XIOMARA CASTILLO en contra el CONSEJO NACIONAL ELECTORAL, ambas partes identificadas en el cuerpo de la presente sentencia. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada CONSEJO NACIONAL ELECTORAL a reenganchar a la trabajadora XIOMARA CASTILLO a su puesto de trabajo, es decir Obrera de 1era., en las mismas condiciones que tenía para el momento de su ilegal despido, y el pago de sus salarios caídos dejados de percibir desde 14-08-2002, fecha de la citación del Procurador General de la Republica hasta la definitiva reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo, en base a un salario devengado por la cantidad de Bs. 300.000,00 mensuales, lo que equivale a un salario diario de Bs. 10.000,00. TERCERO: Se ordena la notificación del ciudadano Procurador General de la República mediante oficio. CUARTO: No hay condenatoria en costas, dada las prerrogativas q.....

razón por la cual se ACUERDA LA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES del ciudadano TORRES QUINTERO FREDDY JOSE, ordenándose el cese de las medidas impuestas contra el referido ciudadano por este Juzgado en fecha 09-08-03, a tenor de lo dispuesto en artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y en el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos