En consecuencia, se DECLINA LA COMPETENCIA al Juez Distribuidor del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Anzoategui, para quien se ordena remitir con oficio el presente expediente.

ESTE JUZGADO OCTAVO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA LEY, DICTA LOS SIGUIENTES PRONUNCIAMIENTOS: PRIMERO: Se acuerda que la presente causa se siga por el procedimiento de la vía ordinaria de acuerdo a lo establecido en el Artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal en concordancia con el Artículo 283 Ejusdem. SEGUNDO: Este Tribunal acoge la precalificación dada por la Fiscal del Ministerio Público por los delitos de ROBO HURTO CALIFICADO previstos en el artículo 453 ordinal 3° DEL Código Penal. TERCERO: Se acuerda la medida cautelar establecida en el Articulo 582 literales c, e, f, de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente lo que implica que el mismo deberá presentarse ante este Juzgad.....

Con fundamento en lo antes señalado, este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Acepta LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA que le hiciera el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial de los Valles del Tuy del Estado Miranda, para conocer de la querella interpuesta por las abogadas Evangelia Giannopoulos Galanakis y Mirta Josefina Lara de Martínez, actuando como apoderadas judiciales del ciudadano CÉSAR ENRIQUE CORDERO OLOYOLA, contra la Alcaldía del Municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda. SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la presente querella.

Con fundamento en lo antes señalado, este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dispone en los siguientes términos: PRIMERO: Acepta LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA que le hiciera el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial de los Valles del Tuy del Estado Miranda, para conocer de la querella interpuesta por las abogadas Evangelia Giannopoulos Galanakis y Mirta Josefina Lara de Martínez, actuando como apoderadas judiciales del ciudadano LEONARDO RAFAEL NAVARRO RIVERO, contra la Alcaldía del Municipio Cristóbal Rojas del Estado Miranda. SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE POR CADUCIDAD la presente querella.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por la abogada Matilde Martínez Valera, actuando como apoderada judicial de la Cooperativa Turística y Náutica Cordesertu, Asociación Cooperativa de Responsabilidad Limitada, Cordesertu, A.C., contra la providencia administrativa Nº 47-05 dictada en fecha 02 de marzo de 2005 por la Inspectoría del Trabajo del Estado Vargas, mediante la cual ordenó a la Asociación recurrente el reenganche de los ciudadanos ERIC CIRILO VITORIA, CELEDONIO GRATEROL, EDGAR JIMÉNEZ LUGO y CARLOS MARAPACU.

III MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la inhibición planteada en fecha 18 de septiembre de 2006 por el Dr. EDER JESÚS SOLARTE MOLINA, en su condición de Juez Titular del Tribunal Superior Quinto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; y en consecuencia, se le aparta del conocimiento de la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por el ciudadano OSCAR GERARDO CANINO ANDRADE, contra el JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, expediente Nº 9171 (nomenclatura del aludido Juzgado Superior Quinto). SEGUNDO: Se ordena la rem.....

En fuerza de las razones y consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: INADMISIBLE la Recusación interpuesta por el ciudadano FUK WING HO, contra la Dra. Lisbeth Segovia Petit, Juez Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas.

Por los fundamentos antes expuestos este Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO.- Se repone la causa al estado de que el Juez de Primera Instancia cumpla con el mandato previsto en los ordinales 2° y 3° del artículo 442 del señalado Texto Adjetivo, con la específica advertencia de que debe decidir en el cuaderno separado antes de pronunciarse sobre el fondo de la controversia. Dado el carácter repositorio de este fallo, se hace innecesario pronunciarnos sobre las demás cuestiones de fondo controvertidas. SEGUNDO.- NULO el fallo apelado. TERCERO.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto el 31 de mayo de 2006 por el abogado NILO PEÑA VARONIS en su calidad de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión dictada el 1° de noviembre de 2005 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de .....

DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda intentada por los ciudadanos JUAN FRANCISCO BENITEZ GALANTON Y TOMAS ANTONIO RODRIGUEZ MENDOZA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V- 4.185.926 y V- 2.154.065REINA, por motivo de COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES en contra de la empresa SIDERURGICA DEL TURBIO S.A., Sociedad Mercantil inscrita ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Barquisimeto, en fecha dos (02) de marzo de 1972, bajo el Nº 41, folios 91 al 98, Libro Adicional No. 1.. SEGUNDO: Se ordena a realizar una expertita complementaria del fallo conforme a los parámetros establecidos en la parte motiva del presente fallo. TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

INHIBICION del conocimiento de la presente causa signada con el N° 15J-376-06 (nomenclatura de este Despacho), seguida en contra del ciudadano ALVARO RAUL ALVARADO SUBERO, por la presunta comisión del delito de ROBO EN LA MODALIDAD DE ARREBATON, previsto y sancionado en el único aparte del artículo 458 del Código Penal, publicado en Gaceta Oficial Nº 5.494 del 20/20/2000, de conformidad con la causal contenida en el ordinal 7° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 87 ejusdem, por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella.-