DECLARA INADMISIBLE la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Nestor Octavio Pérez, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 9.985.809, de profesión Abogado, domiciliado en la ciudad de Calabozo, Estado Guárico; contra la decisión dictada por el Juez de Juicio del circuito Judicial Penal del Estado Guárico, extensión Calabozo, de fecha 26-10-2004 mediante la cual ordenó la celebración del Juicio oral y público para el dia 22-11-2004, en el Asunto jurídico donde aparece como imputado el referido accionante, por la comisión de los delitos de Usura y Estafa y como agraviada la ciudadana Paula Josefina Aular de Mendoza. Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 ordinal 5º de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

SUSTITUYE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD que pesa sobre el imputado DENNYS ALEXANDER ZÁRATE BALESTRINI, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 13.128.650, actualmente recluido en el Internado Judicial del Estado Aragua (Tocorón), por Medidas cautelares sustitutivas consistentes en: 1) Presentación mensual ante el tribunal de Control Nº 01 de la extensión de Valle de la Pascua; y 2) Prohibición de salida del país por un lapso de seis meses, asi como de la jurisdicción del Estado Guárico, sin autorización del Tribunal de Control Nº 01 antes mencionado. Se funda esta decisión en las disposiciones legales previstas en los artículos 9, 244, 247, 256 ordinales 3º y 4º del Código Orgánico Procesal Penal.

SUSTITUYE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD que pesa sobre el imputado DENNYS ALEXANDER ZÁRATE BALESTRINI, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº 13.128.650, actualmente recluido en el Internado Judicial del Estado Aragua (Tocorón), por Medidas cautelares sustitutivas consistentes en: 1) Presentación mensual ante el tribunal de Control Nº 01 de la extensión de Valle de la Pascua; y 2) Prohibición de salida del país por un lapso de seis meses, asi como de la jurisdicción del Estado Guárico, sin autorización del Tribunal de Control Nº 01 antes mencionado. Se funda esta decisión en las disposiciones legales previstas en los artículos 9, 244, 247, 256 ordinales 3º y 4º del Código Orgánico Procesal Penal.