Se declaró de oficio la nulidad de la decisión interlocutoria del Juzgado Tercero de Control de este Circuito, extensión Calabozo, de fecha 27 de marzo de 2008, dictada en el asunto N° JP11-P-2008-00473, de su nomenclatura interna, solo con lo que respecta a la medida cautelar sustitutiva de libertad impuesta a los sumariados Junior Alejandro Chaveta Figueroa; Pedro José Hernández Hernández y Javier Valentino Melita Navarro, quedando incólume dicho fallo con respecto a las demás providencias contenidas en la preseñalada interlocutoria, debiendo el juez de la recurrida dictar nueva decisión cumpliendo estrictamente con lo motivación del fallo; y consecuencialmente, se deja sin efecto las medidas cautelares sustitutivas de libertad dictadas contra los referidos imputados. Así se establece. Se funda la decisión en los artículos 26 y 49 constitucional, en concordancia con los artículos 191, 195 y 196 del Código Orgánico Procesal Penal.

SE DECLARO CON LUGAR el la Inhibición del Juez Primero de Juicio HERNAN EDUARDO BOGARIN BELTRÁN para seguir conociendo de la causa JP11-P-2007-551, de la nomenclatura particular del Tribunal Primero de Juicio, extensión Calabozo, y se ordena al Juzgado Segundo de Juicio del Tribunal Penal del Estado Guárico Control Extensión Calabozo, que continúe conociendo de la antes identificada causa. Todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 26 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 86 numeral 7°, 90, 94 y 95 del Código Orgánico Procesal Penal y en relación con el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial

Se declaró, sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el abogado Rómulo Herrera, defensor privado del imputado Randy Antonio Rivero, contra la decisión interlocutoria del juzgado segundo de control, de este Circuito, extensión, Calabozo de fecha 03 de marzo de 2008, por lo que en consecuencia se confirma el auto delatado, pero reformado en el sentido de que el quejoso interpuso su excepción a destiempo. Se funda la decisión en los artículos 447.5, 448 y 450 del Código Orgánico Procesal Penal.