este Juzgado Tercero (3º) Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por las parte demandada contra la decisión de fecha 20 de mayo de 2009, dictada por el Juzgado Trigésimo (30º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, JHOANA ROSALIA GELDER GUTIERREZ contra FONDO DE RESTAURANTES EL TOLON, C. A. Igualmente, se condena a la parte recurrente en costas de conformidad con lo previsto en el artículo 62 del mismo texto procesal.

Por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR EL PASE DE LA SOLICITUD DEL EXEQUÁTUR, referida a la sentencia de Divorcio dictada por el Juzgado de Primera Instancia N° 3 de Pamplona/Iruña, Reino de España, el 30 de mayo de 2006, alusiva a la disolución del matrimonio celebrado el 15 de abril de 1.989 en la misma ciudad de Pamplona, entre los ciudadanos JUAN PABLO CONTRERAS SOLIS y MARÍA NIEVES CERRAJERÍA RETEGUI, ambas partes plenamente identificadas ab initio. En consecuencia, el Pase concedido produce eficacia jurídica extraterritorial en Venezuela.

Se acordó la corrección del error material, por consiguiente donde dice: "...titular de la cédula de identidad Nro. " 945.215..."..., debe leerse lo siguiente: "...titular de la cédula de identidad Nro. " 4.945.215...", en consecuencia, téngase la presente resolución como parte integrante de la sentencia proferida en fecha 25 de febrero de 1982.

Se homologo el desistimiento del procedimiento de demanda de Restitución de Guarda, actualmente Restitución de Custodia, que intento la ciudadana ADELA DEL CARMEN GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad N° 11.773.946, en contra del ciudadano CARLOS ALBERTO BRACAMONTE SAN ROMÁN, de Nacionalidad Peruana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nº E-82.156.842.

En virtud de los razonamientos antes expuestos, este juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia y en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR las cuestiones previas previstas en los numerales 3°, 7° y 8° respectivamente del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

Por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Séptimo Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en sede constitucional, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: ÚNICO: INADMISIBLE la presente acción de amparo constitucional intentada la ciudadana abogada Aimée Rosalía Valderrama Marvaldi, actuando en su propio nombre y representación, contra el Juzgado Cuadragésimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y, simultáneamente contra la Sociedad Mercantil Centro Simón Bolívar, C.A. No hay condena en costas.

Se dictó Sentencia Definitiva, mediante el cual se declaró: PROCEDENTE la pretensión de Desalojo intentada por el ciudadano HECTOR ARAUJO contra la ciudadana DALIA BRICEÑO. En consecuencia, SE CONDENA a la parte demandada a hacerle entrega a la actora el inmueble arrendado ubicado en La Sabana de Los Frailes, con frente hacia la calle San Andrés, distinguida con el Nº 73-4, parroquia Sucre, Municipio Libertador, Distrito Capital. De conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo Primero del Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, se le concede a la parte demandada un plazo improrrogable de seis (6) meses para hacer dicha entrega del inmueble, contados a partir de la notificación de la sentencia definitivamente firme. Según lo dispuesto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, se condena en costas a la parte demandada por resultar totalmente vencida. Publíquese, regístrese, diarícese, déjese copia certificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del C.....

Se dictó Sentencia Definitiva, mediante el cual se declaró: PRIMERO: SIN LUGAR las cuestiones previas contenidas en los ordinales 2º y 6º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: SIN LUGAR el alegato de falta de interés de los actores hecha por la parte demandada reconviniente. TERCERO: CON LUGAR la pretensión de Desalojo intentada por los ciudadanos MIGUEL FELIPE MORA CAMERO y MIREYA DEL VALLE MORALES MARCANO contra la ciudadana EVELYN RAMONA NAVARRO OQUENDO. CUARTO: Se condena a la parte demandada reconviniente a hacerle entrega a la parte actora reconvenida la cosa arrendada constituida por un terreno y una casa quinta en él construido, situado en el parcelamiento Parque Nacional y cuya parcela está distinguida con el Nº 46-C, en la avenida El León de la urbanización Sebucán del Municipio Sucre del Estado Miranda, con el número catastral 4100217. QUINTO: De manera subsidiaria SE CONDENA a la parte demandada reconviniente a pagarle a la parte actora reconvenida l.....

A través de SENTENCIA INTERLOCUTORIA el Tribunal de conformidad con lo previsto en el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil, impartió la Homologación a la Transacción celebrada en juicio por el abogado actor, Alberto José Peña Torres, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 44.941, profesional del derecho con amplia facultad para efectuar dicho acto, y la demandada, ciudadana BETTY MERCEDES VARGAS GARCÍA, titular de la cédula de identidad No. 4.002.067, asistida por el abogado Ali José Navarrete Toro, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 64.631, dándose por consumado el acto y procediéndose como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Es decir, que según lo expuesto en el libelo, fueron ejercidas tres (3) acciones diferentes, que se excluyen mutuamente, aun cuando deban tramitarse por el mismo procedimiento. La parte actora debe indicar con toda precisión al Tribunal cuál es la acción escogida. Por el principio dispositivo que rige nuestro sistema procesal civil, no le es dable al órgano jurisdiccional elegir cuál de las pretensiones señaladas por la parte actora debe admitir y tramitar, toda vez que es carga de la parte determinar en su libelo, sin que quedara lugar a dudas, la acción escogida y que pretendía le fuera resuelta por el Estado. En base a lo antes expuesto, se considera procedente declarar la inadmisibilidad de la presente demanda, por acumulación impropia de acciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil; y así se decide. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión. Publíquese y regístrese la presente decisión.