Se declara CON LUGAR la inhibición formulada por la ciudadana Abogado Elvira Pacheco Paiz de Simmons en su condición de Juez Accidental de la Sala Unica de la Corte de Apelaciones del Estado Guarico, en el asunto jurídico signado bajo el Nº JG01-R-2001-000001 donde aparece como imputado el ciudadano Wilfredo Martínez Dominguez, . Todo de conformidad con las disposiciones legales previstas en los artículos 86 ordinal 7º, 87, del Código Orgánico Procesal Penal.

Se declara con lugar, la inhibición propuesta por la Abg. Gisel Vaderna Martínez, Juez 3° de Juicio extensión Valle de La Pascua, por estar hecha en forma legal y fundada en causal establecida por la ley; y, por vía de consecuencia, se aparta del conocimiento de este asunto a la señalada juez de instancia, quedando subsanada de esta manera la crisis procesal subjetiva que afecta la relación jurídica procesal. Se funda el presente auto en los artículos 86 ordinal 7° y 87 del Código Orgánico Procesal Penal.

declara con lugar, la inhibición propuesta por la Abg. Zaida Méndez Palencia. Juez 4° de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico extensión Calabozo, por estar hecha en forma legal y fundada en causal establecida por la ley; y, por vía de consecuencia, se aparta del conocimiento de este asunto a la señalada juez de instancia, quedando subsanada de esta manera la crisis procesal subjetiva que afecta la relación jurídica procesal. Se funda el presente auto en los artículos 86 ordinales 4° y 8°, en concordancia con el artículo 87 del Código Orgánico Procesal Penal.

Se declara, no tener materia sobre la cual pronunciarse y decidir, en virtud de que el auto del Juzgado 1° de Control de este Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, del 26 de abril de 2004, no fue impugnado. Se ordena la remisión de los autos al tribunal de origen en la oportunidad legal, a los fines legales consiguientes. Sin embargo, este órgano superior alerta al juzgado de la recurrida para que verifique por lo medios legales pertinentes si el imputado Daniel Jesús Cadenas, está en este momento procesal representado judicialmente en el proceso que se le sigue, a los efectos de garantizar su derecho a la defensa técnica y al debido proceso, conforme lo establece el artículo 49 Constitucional. Se funda la presente decisión en el artículo 2 del Código Orgánico Procesal Penal.