Se declaró sin lugar y en consecuencia niega el pedimento realizado por el Defensor Público Penal, Eduardo Domínguez Burgos, en el sentido de que se ordene la libertad de su defendido Eli Sandro Piñero Galíndez. Así se establece. Se funda la decisión en los artículos 8, 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal y la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Se declaró CON LUGAR la acción de revisión interpuesta por la Juez Primero de Ejecución del Circuito Judicial Penal, Extensión Valle de la Pascua, Estado Guárico, Abg. Gisel Vaderma Martínez, en beneficio del penado José Gregorio Guerra, en el asunto penal N° JL01-P-2001-000048, con ocasión de la entrada en vigencia de una nueva Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, publicada en la gaceta oficial Nº 5.789, de fecha 26 de Octubre de 2005, la cual en su artículo 31 rebaja la pena prevista para el delito de Ocultamiento de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas. En consecuencia, la nueva pena que se impone al ciudadano José Gregorio Guerra, por la comisión del indicado delito es de Seis (6) años de prisión, por lo tanto, a la presente fecha ya ha cumplido la pena que le fue impuesta, en consecuencia, debe declararse su libertad plena, en el proceso jurisdiccional que se le siguió por el referido hecho punible, debiéndose to.....

Se declaró sin lugar y en consecuencia niega el pedimento realizado por el Defensor Público Penal, Eduardo Domínguez Burgos, en el sentido de que se ordene la libertad de su defendido Eli Sandro Piñero Galíndez. Así se establece. Se funda la decisión en los artículos 8, 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal y la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

Se declaró sin lugar y en consecuencia niega el pedimento realizado por el Defensor Público Penal, Eduardo Domínguez Burgos, en el sentido de que se ordene la libertad de su defendido Eli Sandro Piñero Galíndez. Así se establece. Se funda la decisión en los artículos 8, 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal y la doctrina de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.