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en consecuencia de conformidad con lo establecido 525 del Código de Procedimiento Civil aplicable analógicamente a tenor de lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, le imparte su HOMOLOGACION, QUEDANDO CONSUMADO EL ACTO COMO COSA JUZGADA,

El Tribunal homologó el acuerdo celebrado por las partes en la audiencia de juicio.-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL ACTA N° DE EXPEDIENTE:AP21-L-2010-004477 PARTE ACTORA:JUANA BAUTISTA BARRIOS APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: LUISA ELENA PEREZ., PEREZ ALEXANDER, FRANIA BASTARDO, MARCIAL VARGAS. PARTE DEMANDADA: INVERSIONES CHARDENIS, C.A, RESTAURANT L INCANTO APODERADOS DE LA PARTE DEMANDADA: HENRY JOSE SANABRIA NIETO MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES Este Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, dándole efectos de la Cosa Juzgada. Asimismo se ordena la entrega de los escritos de pruebas consignado en la Audiencia Preliminar. En cuanto al archivo y la terminación del procedimiento se ordenara u.....

Por los razonamientos antes expuestos este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO PARA EL RÉGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud Cobro de Prestaciones Sociales e incumplimiento de contrato de interpuesta por la ciudadana JERINA CAROLINA MIJARES MAUCO venezolana, mayor de edad, de este domicilio e identificada con la cédula de identidad N° V.- 6.661.272 en contra de la DISTRIBUIDORA EQUIOFICA CA. . Así se establece.- SEGUNDO: Se Ordena el pago de la indemnización prevista en el articulo 110 de Ley Orgánica, calculada desde el día 12 de febrero del año 2010 hasta el día 23 de junio del año 2010 ambos inclusive. Es decir la cantidad de Doce Mil Ochocientos Bolívares (12.800)Así se establece.- TERCERO: No hay condena en Costas. Así se establece.-

/ Se publicó y consignó resolución declarándose: 1°) HOMOLOGADA la conciliación celebrada por las partes en la demanda intentada por el ciudadano Antonio J. Guerra M. contra el Sistema Integral de Transporte Superficial, s.a. y la Fundación Misión Hábitat, ambas partes debidamente identificadas en los autos. No hay condenatoria por cuanto ninguna de las partes resultó totalmente vencida en este proceso. 2°) Se deja constancia que el lapso para ejercer recursos en contra de la presente decisión, comenzará a correr a partir del día de hoy -exclusive. Asimismo, se acuerda expedir por Secretaría copias certificadas de la presente decisión para ser entregadas a las partes, una vez las mismas consignen las copias simples correspondientes.

/ Se extendió acta de reunión conciliatoria declarándose: 1°) HOMOLOGADA la transacción celebrada por las partes en la demanda intentada por el ciudadano por el ciudadano Madrid Salas Ignacio contra la sociedad mercantil denominada "c.a.. Metro de Caracas", ambas partes debidamente identificadas en los autos. No hay condenatoria por cuanto ninguna de las partes resultó totalmente vencida en este proceso. 2°) Se deja constancia que el lapso para ejercer recursos en contra de la presente decisión, comenzará a correr a partir del día de hoy -exclusive.

Visto todo el material probatorio aportado a este procedimiento, este Tribunal lo considera suficiente para acreditar el nacimiento de la solicitante; y sus circunstancias; ya que si bien no fue posible hacer una comparación pelmatoscopica de la recién nacida con las huellas de la solicitante, para corroborar si identidad (folio 07) ello no podría significar que a la persona se le niegue su derecho a tener una identidad reconocida, como lo ordena la Constitución Nacional, que en su artículo 56. En este orden de ideas este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara con lugar la demanda de inserción de Partida de Nacimiento que presentó la ciudadana Carolina Alvarado; y en consecuencia hace las siguientes determinaciones:: 1. La solicitante, de nombre Carolina Alvarado, de sexo femenino, nació en la Maternidad Concepción Palacios, Caracas, el día trece (13) de noviembre de mil novecientos ochenta y uno (1981), a las 10:10 a.m. 2. Su .....

En fuerza de los razonamientos que anteceden, este Juzgado Sexto de Municipio de esta Circunscripción Judicial en nombre de la República y por autoridad de la ley declara CONVERSIÓN EN DIVORCIO de la separación de cuerpos de los cónyuges los ciudadanos JOSÉ LUIS COLASURDO DI LEMBO y MORELLA DEL VALLE GRAU VELASQUEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad números V-13.114.410 y V-16.299.393 respectivamente, decretada el 16 de julio de 2009 y en consecuencia, disuelto el vínculo que los unía, en virtud del matrimonio celebrado en fecha 14 de octubre de 2006, por ante el Juzgado Vigésimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, según consta de Acta de Matrimonio N° 1, del año 2006 de la misma autoridad. Por lo que se ordena participar del presente fallo a las autoridades competentes, a los fines indicados en los artículos 475 y 506, ambos del Código Civil Venezolano.

Ahora bien, se ha demandado por NULIDAD DE VENTA a la ciudadana ADRIANA LILIANA SACCHI ALBERTI, y rielan a los folios 6 al 72 del expediente, ejemplares de expediente 530-09 contentivo de Acusación Privada que formulara la demandante contra la demandada ante el Juzgado Vigésimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, en el que se declara la extinción de la acción por abandono de la acusación y sobreseen la causa, estableciendo que no es temeraria ni maliciosa la acción intentada, de lo que no se evidencia la presunción grave del derecho que se reclama, ni el riesgo real de que resulte ilusoria la ejecución del fallo, por lo que no se configuran las presunciones exigidas por la ley para su procedencia. En consecuencia SE NIEGA EL DECRETO DE LA medida de prohibición de enajenar y gravar SOLICITADA y así se decide.