Pronunciamientos: PRIMERO: Se ordena continuar la presente causa bajo las reglas del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Y, se decretan los hechos como flagrantes, conforme al artículo 248 eiusdem. SEGUNDO: Decreta, MEDIDA PRIVATIVA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, contra los presuntos imputados, JAVIER ANTONIO MELO MADRIZ y GABRIEL ANTONIO PÉREZ ROMERO, por la presunta comisión del delito de HURTO AGRAVADO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 1 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículos Automotores, EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, de conformidad con el artículo 84 numeral 3 del Código Penal, aunado a la circunstancia agravante, prevista en el numeral 2 de la referida ley que rige la materia delictual, en perjuicio de la ciudadana víctima, Stacy You Escobar Rojas, TERCERO: Se declara parcialmente con .....

NIEGA y RECHAZA, la solicitud efectuada y suscrita por la Defensa Pública Penal N° 7, del imputado CARLOS EDUARDO LECUMBERRE DÍAZ, mediante la cual pidió a este órgano jurisdiccional, le sea decretada a su defendido, una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVATIVA DE LIBERTAD, MENOS GRAVOSA; por no encontrarse ajustada a derecho tal petitorio, con basamento a lo antes planteado, y a la normativa prevista en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con los extremos legales previstos en los numerales 1, 2, 3 y 5, parágrafo primero, del artículo 251, eiusdem, en concordancia con las exigencias establecidas en los numerales 1 y 2 del artículo 252, ibídem. Se declara, SIN LUGAR, la solicitud efectuada por la Defensa Pública Penal.

DECLARA: La DECLINATORIA DE LA COMPETENCIA POR EL TERRITORIO del conocimiento del presente asunto jurídico ante un Tribunal competente, esto es, ante el Juzgado Cuarto (4°.) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, con fundamento en lo establecido en los artículos 55, 57, 61, 62 y 77, todos del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el numeral 4, entre otros, del artículo 49 de la Carta Fundamental.