Se declara sin lugar el recurso de revisión propuesto por el ciudadano Regúlo Ramón Jiménez Quintero, contra la sentencia del 17 de junio de 1999, publicada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público del Estado Guárico, que condenó al accionante como culpable por el delito de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, previsto y sancionado en el artículo 14 en la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera. Se funda la presente decisión en los artículos 432, 433, 435, 436, 441, 451, 453, 455, 456 y 470 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 471 ordinal 1; 472; 473 y 474 ejusdem.

Se declara, sin lugar el recurso de apelación anunciado por la ciudadana Evehelisse Harting Collins, defensora pública penal III de la unidad de ese Instituto con sede en Calabozo, en la condición de defensora definitiva de Nelson González y Julio César Berroeta, ampliamente identificados en autos, contra la sentencia definitiva suscrita por el Juzgado primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, en el asunto N° JK21-P-2002-000070, de su nomenclatura interna, de fecha 21 de noviembre de 2003, que los condenó por la comisión de los delitos de robo agravado y privación ilegítima de libertad, confirmando en consecuencia dicho fallo en todas sus partes. Se funda la decisión en los artículos 432, 433, 435, 436, 451, 452 ordinales 2, 3 y 4, 453, 455, 456 y 457 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

SE Declara parcialmente Con Lugar la acción de amparo constitucional intentada por el ciudadano Tony Vieira Ferreira, Defensor Público Penal 02 de esta ciudad, actuando en representación del ciudadano Octaviano José Weffer Oria, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Juicio 01 de este Circuito Judicial Penal, de fecha 04-11-2003, por constituir la misma violación a Principios procesales y Derechos y Garantías Constitucionales, referidas al debido proceso, igualdad ante la Ley y acceso a la justicia y en consecuencia, reestablece la situación jurídica infringida, decretando el Cese de la Medida de Coerción personal que pesa contra dicho ciudadano, no imponiéndose una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad, por ser ésta inejecutable, en virtud que el mismo se encuentra cumpliendo pena a la orden de un Tribunal de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo. 2) Ordena, por razones de orden constitucional, al Trib.....