DISPOSITIVA Con fuerza en la motivación anterior esta SALA SÉPTIMA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, actuando a tenor de lo pautado en el artículo 437 y 450 ambos del Código Penal Procesal Penal, emite el siguiente pronunciamiento: ADMITE el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano DR. ANDRÉS AMENGUAL SÁNCHEZ, en su carácter de Fiscal Décimo Tercero del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Ejecución de la Sentencia (Comisionado), en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero Accidental (1°) de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 12 de Junio del año que discurre, en la causa seguida en contra del penado CARLOS EFRÉN RODRÍGUEZ URIBE.

Este Tribunal de comformidad con lo establecido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil revoca por contrario imperio el auto de fecha 10 de julio de 2006.

Vista la anterior diligencia suscrita por los abogados SANTOS GUTIERREZ y OSCAR FERMIN, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 461 y 883 respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la parte actora, y los abogados LUIS OSWALDO TORRES, LIGIA GARCIA, GLORIA BOGGIO, LUISA TERESA FLORES de REYES, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 104.972, 24.321, 24.322, y 21.238, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la parte demandada, en la cual solicitan se autorice al partidor ad-hoc, Dr. Apolonio Contreras , para que designe la persona que ha de gestionar la venta del inmueble situado en la ciudad de Maracay, con la facultad de establecer que el precio de venta sea de contado y la comisión sea del 5% del valor de la venta, fijando un plazo para su realización que no exceda de de tres (3) meses; el Tribunal, visto el anterior requerimiento realizado por las partes, lo acuerda de conformidad. En consecuencia, autoriza al partidor Apolo.....

fue declarada CON LUGAR la demanda

- V ¿ DISPOSITIVA Como consecuencia de lo expuesto y con fundamento en las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda por INVALIDACIÓN incoada por la sociedad mercantil SISTEMA B.R.G., C.A. en contra de la ciudadana DUNIA DEL CARMEN SANCHEZ, ambos suficientemente identificados en el encabezado de esta decisión. Se condena a la parte perdidosa en el presente juicio al pago de las costas procesales de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. De conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, déjese copia certificada del presente fallo. Regístrese, publíquese, Notifíquese y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del.....

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: ABANDONADO EL TRÁMITE correspondiente al recurso de apelación ejercido por el abogado Luis Felipe Domínguez Sosa, en su carácter de apoderado judicial de la parte presuntamente agraviante, contra la sentencia de fecha 09 de junio de 1999, dictada por el extinto Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, contentivo del recurso de amparo constitucional incoado por Carlos Sainz Muñoz y otros contra la REPUBLICA DE VENEZUELA. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO. SUPERINTENDENCIA DE LA PROMOCIÓN Y LIBRE COMPETENCIA, en fecha 10 de junio de 1999, en consecuencia, se da por terminado el procedimiento, todo de conformidad con lo previsto.....

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara: ÚNICO: INOFICIOSO DECIDIR EL FONDO DE LA INHIBICIÓN planteada por la Dra. Marianella Velasco, en fecha 02 de mayo de 2005

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero Superior para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, declara: ÚNICO: INOFICIOSO DECIDIR EL FONDO DE LA INHIBICIÓN planteada por el Dr. Anibal Galindo, en fecha 20 de octubre de 2003.

Por los razonamientos que anteceden, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de esta Circunscripción Judicial en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Renunciado el derecho de Retasa acogido por la parte intimada Rondines de Seguridad Roseca C.A., en el juicio que por Intimación de Honorarios incoaran en su contra los abogados SAMUEL SADIASEPT RUIZ TOVAR y OSCAR CAVALIERI MENDOZA, ambas partes ampliamente identificados en el cuerpo de la presente decisión.- SEGUNDO: En consecuencia de dicha renuncia se declaran firmes los Honorarios Profesionales intimados por los abogados SAMUEL SADIASEPT RUIZ TOVAR y OSCAR CAVALIERI MENDOZA, y en estricto cumplimiento de lo establecido en la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto del Trabajo de este circuito judicial, la cual señaló que el monto condenado a pagar no debe exceder el límite establecido por el legislador en.....

NIEGA la solicitud de Medida Preventiva de Secuestro y Embargo, interpuesta por la abogada Adriana Hernández La Rosa, actuando en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos Antonio José Díaz Flores y Miriam Josefina Díaz de Gittens, en la pretensión de Desalojo, deducida en contra de la ciudadana Gisela de Pacheco, por no encontrarse llenos los extremos legales previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil.