Es preciso resaltar que la jurisprudencia ha interpretado el concepto de error material en el sentido que dentro de éste, hay que entender las simples equivocaciones elementales de nombres, fechas, operaciones aritméticas y transcripciones de documentos. La poca importancia de estos errores no puede significar que la Administración no sea responsable de ello y que no pueda exigírsele una compensación por los perjuicios producidos, siempre que éstos sean demostrados como lo exige nuestra Ley. Asimismo esta superioridad le aclara al abogado actor que las sentencias interlocutorias con fuerza definitiva ponen fin al proceso en esta instancia, pero no se pronuncia sobre el fondo del asunto, ya que solo decide un incidente dentro del proceso, y se da dentro del lapso legal correspondiente. Así se decide.

Visto la diligencia presentada por el abogado Greiner Marín, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.103.887, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 99.787, mediante la cual expone: "...vista la demanda interpuesta en fecha 11-01-2018, contra el acto administrativo dictado en sesión ORD 715-16 de fecha 27-08-2016 el cual otorgo titulo de adjudicación de tierras a favor de la ciudadana María Angelina Salas, titular de la cédula de identidad Nº V-12.476.872, SOBRE UN lote de terreno denominado Santa Barbara ubicado en el Sector Mamonal, Parroquia San José de Tiznado, Municipio Ortiz del estado Guárico, constante de una superficie de 36 has con 642 m2. Ahora bien, por cuanto el Instituto Nacional de Tierras tiene entre sus atribuciones la autotutela y derecho a corregir o subsanar errores en la emisión de los actos administrativos es por lo que en fecha 27-04-2018 a través de sesión 936-18, punto de cuenta Nº 1120007888, ACUERDA .....

DECAIMIENTO del objeto de Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por la abogada Beatriz Haidee García Bandrés, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 248.045, asistiendo judicialmente en este acto a los ciudadanos Blanco López Merquiades Josefina, Blanco Blanco Alberto José, Blanco de Belisario Gertudis Josefina, Blanco de Gómez Antonia Quilina, Blanco de Madrid María Sofía, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-8.782.958, V-8.779.558, V-4.394.874, V-8.782.957, V-7.289.664, respectivamente, contra del Instituto Nacional de Tierras (INTI).

Vista la diligencia presentada en fecha 04 de mayo del corriente año, cursante al folio ciento cuarenta y seis (146) del presente expediente, por la abogada Nilsa Nohellys Camacho, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.060.109, inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 114.799, en su carácter de Defensora Pública Agraria de la extensión de la Defensa Pública de Valle de la Pascua; en consecuencia este Juzgado informa a la parte solicitante, visto que hasta la presente fecha no consta en autos las notificaciones debidamente cumplidas del abocamiento de la Juez de este Juzgado Superior, no puede haber pronunciamiento en cuanto a la inspección solicitada y que una vez que dichas notificaciones consten en autos y cumplido el lapso de abocamiento, este Juzgado se pronunciara sobre lo solicitado por la Defensora Nilsa Camacho, antes identificada

INCOMPETENTE para conocer del presente Recurso de Hecho interpuesto en fecha veintiuno (21) de mayo del año 2018, por el abogado Jean Rhaf González Manzano, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.043.588, inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nº 217.583, con el carácter acreditado en autos como Apoderado Judicial de los ciudadanos Juan Vicente Contreras y Juan Carlos Contreras Contreras, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 13.340.420 y V- 13.342.118 como terceros interesados, contra la sentencia interlocutoria de fecha catorce (14) de mayo del presente año, emanada del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Guárico que declaro Inadmisible el Recurso de Casación en la presente causa.