este tribunal una vez analizado la competencia para la supervisión y control de la sanción impuesta se declara competente para tal fin, conforme a lo previsto en los artículos 646 y 647 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en consecuencia, revisadas como fueron las mismas acordó: PRIMERO: Darle entrada al expediente, quedando asentado con el N° 582-10 (nomenclatura de este tribunal) y anotarlo en los libros respectivos. SEGUNDO: Ejecutar la sentencia definitivamente firme dictada por el Juzgado Sexto de Control de esta Sección y Circuito, de fecha 03-06-2010, en la cual se sancionó el joven: XXXXXXXXXX, venezolano, titular de la cedula de identidad N° XXXXXXXXX, con la medida de LIBERTAD ASISTIDA, contenida en el artículo 626 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por el lapso de dos (02) años y REGLAS DE CONDUCTA, contenida en el artículo 626 ejusdem por el lapso de un (01) año, de manera sucesiva, por la comisión del del.....

En este orden de ideas, la referida norma adjetiva penal establece que procederá la declaratoria de competencia en cualquier estado del proceso, siendo que ciertamente al señalado detenido se encuentra solicitado por Órgano Jurisdiccional cuya data es del 21-02-2006, en el expediente Nº 4C-7569-04, carpeta Nº 46240, razón por la cual considera que lo procedente y ajustado a derecho es declinar la competencia al Tribunal 4º de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Nueva Esparta, de conformidad a lo determinado en el artículo 77 de la norma adjetiva penal, toda vez que la detención del ciudadano se encuadra en lo dispuesto en la el artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y ASÍ SE DECIDE.

En virtud de lo anteriormente expuesto, este sentenciador formalmente declara, improcedente la solicitud de Medida Cautelar de Suspensión de los Efectos del Acto Administrativo, peticionada en el marco del recurso de nulidad propuesto por los ciudadanos abogados RICARDO TINOCO CIFUENTES y ALEXIS PINTO D¿ASCOLI, actuando en sus caracteres de apoderados judiciales de los ciudadanos GUILLERMO ALBERTO HURTADO CAMACHO, JANITZA DEL SOCORRO HURTADO CAMACHO, RAMÓN ALFREDO HURTADO CAMACHO, ARELIS JOSEFINA HURTADO DE FIGUEROA, GHEIZA COROMOTO HURTADO CAMACHO, y LISBETH HURTADO CAMACHO, contra el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en Sesión Extraordinaria Nº 47-07, punto de cuenta Nº 000258, de fecha 02 de mayo de 2.007. Así se decide.

Declara SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CESAR ALAYON, Defensor Privado del ciudadano EYURET TRELEYS GRATEROL NOGUERA, y en consecuencia, se CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado Cuadragésimo Primero (41°) de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 17 de mayo de 2010, en virtud de la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del prenombrado ciudadano, por la presunta comisión del delito de Homicidio Calificado, previsto y sancionado en el artículo 408.1 del Código Penal vigente al momento de la comisión del delito.

El Tribunal admite cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, las pruebas por cuanto en su contenido no son manifiestamente ilegales ni impertinentes en los términos expuestos en la presente decisión

este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido en fecha 04 de octubre de 2007, por la representación judicial de la parte demandante, contra la sentencia proferida el por el Juzgado Sexto de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial el 01 de octubre de 2007.- SEGUNDO: SIN LUGAR la demanda que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO incoara los ciudadanos RICARDO ANTONIO CARRIZALES CAPANNA y ANA JULIA GUERRERO, venezolanos, mayores de edad, cónyuges, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-6.004.631 y V-4.679.141, respectivamente, contra los ciudadanos ESTEBAN ARTILEZ y FINALY LOPEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nos. V-3.549.007 y.....

este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: QUE EN EL PRESENTE CASO SE HA VERIFICADO LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en consecuencia se declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA y PERIMIDO EL PROCESO. No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo en el copiador de sentencias de este Juzgado. Dada, sellada y firmada en la sala de Despacho Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los ( ) días del mes de junio del año dos mil diez (2010).- Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación. EL JUEZ, DR. ANGEL VARGAS RODRIGUEZ, .....

ÚNICO DECLARA CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Abogado LUIS ALBERTO GONZÁLEZ REYES, en su condición de Defensor de los Imputados NEIRETH LANDAETA BASTARDO y NESTOR JOSÉ LANDAETA BASTARDO, contra la decisión dictada por el Tribunal Trigésimo Octavo (38º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 17 de febrero de 2010, mediante la cual, según criterio del Recurrente "...con ocasión a la celebración de la audiencia Preliminar concluida en fecha 17 de febrero del año de 2010, puesto que estoy en tiempo hábil para ello, pues estimo que no han sido subsanadas las nulidades evidenciadas en la acusación Fiscal, por haberse silenciado totalmente las pruebas ofrecidas por la acusada y su apoderado durante la fase preliminar, lo que atenta contra derechos fundamentales de los acusados..."; y, por consiguiente, DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA de la Acusación Fiscal, presentada en contra de los ciudad.....

En consecuencia, como quiera que se estima no se encuentran dados los supuestos para hacer efectiva la regulación adjetiva prevista en la ya citada Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Gaceta Oficial N° 5859 Extraordinario del 10 de diciembre de 2007) y aunado a ello, tampoco colige quien suscribe con meridiana claridad que en el caso de marras estén cubiertos los extremos mínimos necesarios para dictar pronunciamiento alguno, es que se niega lo solicitado por la parte accionante ciudadana MARIA GRACIA VALDEZ QUEVEDO, debidamente asistida por el abogado en ejercicio JUAN CARLOS GARCÍA ARENAS, y a tales efectos, se insta a la precitada ciudadana a aportar la prueba tendente a acreditar los presupuestos indicados en su demanda.-

Se dictó Sentencia Interlocutoria N° 113/2010 conforme a lo establecido en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario, mediante la cual se admitió en cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, el recurso contencioso tributario interpuesto por el representante de la recurrente. La causa quedó abierta a pruebas.