DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: ÚNICO: Declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por Acción Reivindicatoria, intentara el ciudadano Adolfo Jorge Castellanos Fritschi, en contra de la ciudadana María Eugenia Montoya Avendaño, ambas partes plenamente identificadas en esta sentencia, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 ejusdem.

-D E C I S I O N- Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide así: ÚNICO: Se declara PERECIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por Acción de Amparo Constitucional, intentó la ciudadana Luly Pérez Quintero contra la ciudadana Rosaura Sáez Toro ambas partes ya identificadas en esta sentencia.

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: ÚNICO: Declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por Ejecución de Hipoteca, intentara por la sociedad financiera BOLÍVAR BANCO UNIVERSAL, C.A., contra la sociedad mercantil SANFER, C.A., SANTOS & FERREIRA, C.A., y los ciudadanos Armenio Núñez Dos Santos y Maria Josefina Torres de Nuñez, ambas partes plenamente identificadas en esta sentencia, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 ejusdem.

Al no constar de autos alguno de los supuestos o excepciones a que se refiere dicha norma, este Tribunal conforme a lo antes expuesto, a los fines de garantizar el derecho a la defensa y salvaguardar las garantías constitucionales que le asisten a las partes, debe negar la solicitud de medida cautelar solicitada por la parte actora referente al 50% de las prestaciones sociales que le correspondan o le puedan corresponder a la ciudadana María Auxiliadora Alcalá De Martínez, por improcedente. Así se decide.-

Razón por la cual debe establecer quien aquí suscribe, que el convenimiento intentado es contrario a derecho y por consiguiente resulta obligante para este Tribunal negar, como en efecto se NIEGA FORMALMENTE la Homologación del mismo, por no encontrarse llenos los requisitos establecidos en el articulo 154 del Código de Procedimiento Civil, hasta tanto no consten en autos las respectivas autorizaciones. Así se decide.-

DECISIÓN Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: ÚNICO: Declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y extinguido el proceso que por Divorcio, intentara por la ciudadana Raiza del Carmen Abreu contra el ciudadano Rubén Darío Henríquez, ambas partes plenamente identificadas en esta sentencia, todo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Artículo 269 ejusdem.

D E C I S I O N Por las razones expuestas, este Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara PERECIDA LA INSTANCIA y extinguido el proceso que, por Cobro de Bolívares siguió el ciudadano José Rafael Terán Berrios en contra de los ciudadanos Candelario Antonio Calderón y Rosa Ramona Castro Martínez.

Por los razonamientos antes expuestos, se pudo evidenciar que desde la fecha de la constancia en autos de la entrega de la boleta de notificación de conformidad con lo establecido en el 218 del Código de Procedimiento Civil por la secretaria titular de este Juzgado, hasta la fecha en la cual la parte solicita se declare firme el decreto Intimatorio, ha trascurrido suficientemente el lapso de tres (03) días de despacho, concedidos a la parte demandada, ciudadano TEODORO QUIJADA BELLORIN, a fin de que compareciera por ante este tribunal para que pagara o acreditara haber pagado las cantidades indicadas en el Decreto de Intimación o formulase su oposición al mismo, y no constando en autos su comparecencia, este tribunal Declara Firme el Decreto Intimatorio de fecha diecisiete (17) de Febrero de dos mil once (2011), de conformidad con lo establecido con lo previsto en el articulo 662 de Código de Procedimiento Civil, debiendo procederse como sentencia pasada en autoridad de cosa Juzgada. .....