PRIMERO: Se CONFIRMA la Sentencia, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, de fecha 08 de julio de 2009. En consecuencia, se declara CON LUGAR la Solicitud de Interdicción Definitiva intentada por el Ciudadano RAÚL CÁCERES HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 2.520.431, domiciliado en la Ciudad de San Juan de los Morros, Estado Guárico, con relación a su hermano, Ciudadano JAVIER CÁCERES HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, domiciliado en la Ciudad de San Juan de los Morros, Estado Guárico, y titular de la Cédula de Identidad N° 8.999.264. En consecuencia, se declara como Tutor Definitivo al Ciudadano RAÚL CÁCERES HERNÁNDEZ, titular de la cédula de identidad N°2.520.431, hermano del notado y, como integrantes del Consejo de Tutela a los ciudadanos MARÍA GUADALUPE CÁCERES RODRÍGUEZ; RAÚL ALBERTO CÁCERES RODRIGUEZ y MARÍA GUADALUPE RO.....

este Tribunal niega la admisión de la misma, por cuanto el escrito de solicitud no cumple con lo exigido en el artículo 899 del Código de Procedimiento Civil.-

este Tribunal niega la admisión de la misma, por cuanto el escrito de solicitud no cumple con lo exigido en el artículo 899 del Código de Procedimiento Civil.-

este Tribunal niega la admisión de la misma, por cuanto la solicitante no expresa claramente en el contenido del escrito, quien es el propietario del terreno sobre el cual está construido el inmueble objeto de la solicitud.-

este Tribunal se abstiene de proveer sobre la admisión de la misma hasta la solicitante consigne el documento de propiedad del terreno a que hace referencia en su escrito de solicitud.-

El Tribunal dejando a salvo los derechos de terceras personas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, y de conformidad con lo previsto en los artículos 936 y 937 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo normado en la Resolución N° 2009-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia y publicada en Gaceta Oficial N° 39.152 de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 02 de Abril de 2009, declara conforme a los autos al ciudadano JOSE RAFAEL CENTENO GARCIA, plenamente identificado como UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO del difunto WISMER JOSE CENTENO CASTILLO. Déjese constancia en el libro diario y devuélvanse originales las presentes actuaciones conforme a lo solicitado.-

En consecuencia y visto que fue dictado auto homologando el desistimiento (folio 50), se deja sin efecto este último y se insta a la parte demandante que consigne la aprobación de restructuración en el lapso de tres (3) días de despacho siguientes a los efectos de pronunciarse sobre el mismo, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil.

SE DECLARO: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado José Wilfredo Barrios Rodríguez, en contra de la decisión dictada en fecha 04-06-2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal, extensión Calabozo, mediante la cual entre otras cosas decretó medida de privación judicial preventiva de libertad contra el ciudadano Víctor Manuel Soto Hurtado, de conformidad a lo previsto en los numerales 1º,2º y 3º del artículo 250, numerales 2º y 3º del articulo 251 y ordinal 2 º del articulo 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal, por la presunta comisión del delito de Tráfico Ilícito De Sustancia Estupefacientes Y Psicotrópicas En La Modalidad De Distribución, tipificado en el artículo 31 de Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del Estado Venezolano. SEGUNDO: Se CONFIRMA la decisión impugnada.

REVOCÓ EL BENEFICIO DE CONFINAMIENTO otorgado al penado VICTOR MANUEL GUTIERREZ DE FREITAS, de nacionalidad venezolana, titular de la cédula de identidad Nº 10.659.165, y en consecuencia SE ORDENÓ SU CAPTURA y la celebración de una AUDIENCIA ORAL una vez efectiva la misma, a los fines de escuchar al penado sobre las razones del incumplimiento. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 512 del código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con los artículos 20 y 259 del Código Penal.

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad