declara INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Marco Tito Torrealba Abreu en su condición de victima, debidamente asistido por el abogado en ejercicio Luis Orlando Ramírez, contra la decisión dictada por el juez de control N° 05 del estado Guárico, de fecha 27 de agosto del año 2004, mediante la cual negó la solicitud de orden de aprehensión formulada por el fiscal 3° del Ministerio Público del estado Guárico. Todo de conformidad con el artículo 437 literal b del Código Orgánico Procesal Penal.

declara CON LUGAR la inhibición formulada por la Juez primero de control de este Circuito Judicial Penal, Extensión Calabozo, Abg. Nereyda Tibisay Flores Figueroa, para separase del conocimiento de la causa Nº JP11-S-2004-0002636, referida a la solicitud de entrega de Armas de Fuego formulada por el ciudadano Héctor Raúl López Chogo. Todo de conformidad con el artículo 86 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal.

DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano Freddy Orlando Sola Hurtado, actuando en nombre y representación del ciudadano Fiorindo Andrés Danianni Fermín, debidamente asistido por el abogado Edmundo Bruno Guida, contra la decisión de fecha 01-10-2004 dictada por el juez de control Nº 02, mediante la cual negó la entrega del vehiculo placas MBCZ67H, serial de carrocería: FZJ709000845, serial del motor: 1FZ0025901, marca Toyota, modelo techo duro, año 1993, color gris, presuntamente propiedad del ciudadano Fiorindo Andrés Danianni Fermín. En consecuencia queda confirmada la decisión apelada. Todo de conformidad con el artículo 312 del Código Orgánico Procesal Penal.

DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el Defensor Público Penal Luis Miguel Benítez, y en consecuencia, SE REVOCA PARCIALMENTE la decisión DE FECHA 16 DE Agosto del año 1994 dictada por el suprimido Tribunal del Distrito Monagas del Estado Guárico, mediante la cual decretó Medida Privativa de libertad en contra del ciudadano Moisés González Pantoja, quien dijo ser venezolano, natural de San Francisco de Macaira, Edo. Guárico, soltero, obrero, cédula de identidad Nº 13.143.589. Esta decisión sólo abarca al imputado antes mencionado y no así al resto de los copartícipes que fueron incluidos en la referida decisión. Todo de conformidad con lo dispuesto en los artículo 8º, 12, 521, 522 ordinal 2º, 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

DECLARA competente al juez 3° de control del tribunal de primera instancias en materia penal extensión Calabozo, para conocer la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Rafael Celestino Torrealba, actuando en nombre y representación del ciudadano Julio Cesar Herrera Machuca, contra la Fiscalía del Ministerio Público para el régimen de transición del estado Guárico. Todo de conformidad con el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal.

declara INADMISIBLE el recurso de apelación ejercido por la Defensora Pública Penal Nº 01, Abog, Maigualida Morgado Rueda, actuando en representación de los ciudadanos Rubén Darío Gutiérrez Graterol y Carlos Sánchez, contra la decisión publicada en fecha 06-10-2004 por el Tribunal de control Nº 02 del Circuito Judicial Penal del estado Guárico, que acordó Medida de Protección a favor de los ciudadanos Concepción Antonio Aponte, Eliut Velásquez, Miguel Martínez Osorio y Joigner Rafael Utrera Arveláez. Se funda esta decisión en lo previsto en los artículos 432, 433, 436, y 437 letra ¿a¿ del Código Orgánico Procesal Penal.

REVOCA la decisión consultada en virtud de la cual se declaró inadmisible la acción constitucional, y a su vez ordena al juez tercero en funciones de control extensión Calabozo, que declare la admisibilidad de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Juan Gerardo Caicedo Ovalles, en su condición de defensor privado de los ciudadano Álvaro Niño Bonilla, Iván Darío de los Ríos y Jorge Velásquez, contra la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Estado Guárico, y cumpla con el curso legal correspondiente. Todo de conformidad con el artículo 49 ordinal ° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 12 y 18 del Código Orgánico Procesal Penal.