Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en función de Ejecución Nº 01 del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico, Extensión Valle de la pascua, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: DECIDE: Se NIEGA al penado BALZA HERNANDEZ JUAN, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 12.595.996, actualmente recluido en el Internado Judicial con sede en San Juan de los Morros EL BENEFICIO DE REGIMEN ABIERTO, a que se contrae el artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal , al no encontrarse llenos los extremos del ordinal 3° de la referida norma adjetiva penal.

Razones por las cuales este Tribunal actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECIDE: REVOCA EL BENEFICIO DE CONFINAMIENTO otorgado al penado: REQUENA PADRINO FRANCISCO JAVIER, venezolano, mayor de edad, mecánico, soltero, hijo de Carmen de Requena y Rafael Requena, con residencia en el barrio Minas de Arena, de esta ciudad de Valle de la Pascua, Estado Guárico, actualmente recluido en la Penitenciaria Nacional de Venezuela en San Juan de Los Morros, Estado Guárico, titular de la cédula de identidad No.15.822.367, nacido en fecha 06-08-1979, por haber violado las condiciones impuestas por este Tribunal en el artículo 512 del código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 20 y 259 del Código Penal. Líbrese Boleta de encarcelación a nombre del penado y remítase con oficio al Director de la Penitenciaría General de Venezuela, sitio señalado para la reclusión del penado, donde deberá permanecer hasta el cumplimiento definitivo de la pena impuesta por.....

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos este Tribunal Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Guarico con sede en San Juan de los Morros, Administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la le decreta la LIBERTAD PLENA para el penado ANIBAL JOSE REQUENA titular de la cédula de identidad Nº 9.886.849, por cumplimiento de pena, todo de conformidad con el artículo 479 ordinal 1º, en armonía con el artículo 482, ambos del Código Orgánico procesal Penal.

Con fuerza en los razonamientos de hecho y de derecho precedente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, Extensión Valle de la Pascua, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley: DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA PRESENTE INVESTIGACION, iniciada en virtud en virtud de denuncia presentada por la ciudadana AURA DELGADO CHARMELO, donde aparece como investigado el ciudadano PEDRO VICENTE VALIENTE, conforme a lo establecido en el ordinal 1º del artículo 318 del Código Orgánico Procesal Penal.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando justicia y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR, la demanda incoada por los ciudadanos: José Núñez, Mirian Mota, María Salgado, Carmen Zerpa, Leonardo Quintero, Crisálida Altuve, Marly Cedeño y Carla Villalba, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad N° 9.885.892, 7.211.520, 8.778.589, 6.433.419, 4.869.950, 8.091.384, 4.391.454, 10.674.048, respectivamente contra la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. SEGUNDO: Se ordena a la demandada pagar a cada uno de los accionantes, las siguientes cantidades discriminadas de la siguiente manera: a José Núñez Bs. 8.342.221,79; a Miriam Mota Bs. 4.614.717,09; a María Salgado Bs. 4.614.717,09; a Carmen Zerpa Bs. 5.304.409,90; a Leonardo Quintero Bs. 8.394.948,75; a Crisálida Altuve Bs. 4.825.683,41; a Marly Ce.....

Por todas las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia SE CONFIRMA el auto de fecha 05 de octubre del año 2.005 dictado por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.

De manera que existiendo vías ordinarias aplicables a la situación fáctica bajo análisis, en atención a la naturaleza extraordinaria de la acción de amparo y no pudiendo constituirse este recurso extraordinario como un mecanismo para suplir la falta de oportuna actuación de las partes, por lo que la presente acción de amparo resulta inadmisible, en consecuencia, este Tribunal, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA INADMISIBLE la acción de amparo intentada por el Ciudadano PABLO JOSÉ MENDEZ, titular de la Cédula de Identidad Nº 8.848.358, todo ello de conformidad con lo establecido en el ordinal 5to, del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y ASÍ SE DECIDE.

En fuerza de las razones de hecho y derecho antes expuestas, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la Inhibición planteada por el Abogado JAVIER SCHMILINSKY ATENCIO, en su carácter de Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, con Sede en la ciudad de Valle de la Pascua.

Ahora bien, en la presente causa y en la actualidad, no existe todavía el respectivo acto conclusivo (acusación), por parte de la Fiscalía, entiende este órgano jurisdiccional que, el Ministerio Público acusador y como parte de buena fe, debe conjuntamente con la defensa y los imputados en este caso en concreto, de manera objetiva, aportar ambas partes los elementos probatorios de convicción que lleguen al total esclarecimiento de los hechos, cuya carga probatoria o instructoría del asunto, no corresponde a quien aquí decide, sino a las partes, siendo con el acto conclusivo, que se cierra la fase investigativa aperturada conforme al artículo 303 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia y por las razones antes expuestas, considera este juzgado, que es impertinente e improcedente el pedimento de la Defensa Privada, y así queda decretado, declarando sin lugar tal solicitud.

Se acordó devolver las actuaciones relacionadas con la penada Ana Ventura Restrepo Padilla al Tribunal de Ejecución N° 02 de este Circuito Judicial Penal, a los efectos de que exprese las razones de hecho y de derecho de la acción de revisión, que entiende esta Corte de Apelaciones, pretende ejercer a favor de la prenombrada penada. Con voto Salvado del Juez Miguel Angel Cásseres González.